Va y Ven vuelve a estar bajo presión: concesionarios advierten riesgo de otro paro por adeudos de la ATY

El sistema Va y Ven enfrenta nuevamente el riesgo de una suspensión del servicio en Mérida, luego de que concesionarios reportaran que la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) mantiene un atraso equivalente a 45 días de servicios ya prestados.

David Quintal Medina, concesionario y vocero de empresarios transportistas, advirtió que la falta de liquidez comienza a afectar la compra de combustible, el mantenimiento de los autobuses y la capacidad para cubrir salarios.

“Nuestro crédito para combustible ya está agotado, por lo tanto hay un alto riesgo de que volvamos a suspender el servicio”, señaló.

El problema no termina con los abonos

De acuerdo con Quintal Medina, la ATY realiza pagos parciales, pero no consigue ponerse al corriente, por lo que las empresas mantienen permanentemente una cuenta pendiente por cobrar.

El empresario señaló que ya sostuvieron reuniones con funcionarios de la Agencia y de la Secretaría General de Gobierno, cuya respuesta, afirmó, ha sido que existe un problema presupuestal.

A la deuda se suma el incremento de los costos de operación. Quintal sostuvo que las empresas llevan casi cuatro años trabajando con la misma tarifa por kilómetro, mientras el precio del diésel pasó, según sus cifras, de aproximadamente 22 a 27 pesos por litro.

Los concesionarios también enfrentan solicitudes de incremento salarial de operadores y personal administrativo, quienes, de acuerdo con el vocero, llevan casi cuatro años sin recibir aumentos.

Autobuses nuevos permanecen fuera de circulación

La advertencia ocurre mientras existen unidades que, según el representante empresarial, podrían incorporarse al servicio pero permanecen sin operar.

Quintal Medina señaló que Minis 2000 adquirió 50 autobuses nuevos, pero terminó devolviéndolos a Mercedes-Benz al no obtener autorización para incorporarlos al sistema.

Afirmó también que Pioneros de Mérida mantiene 30 autobuses sin operar por falta de autorización de la ATY y que otros 35 vehículos fueron enviados a otra entidad.

A esas unidades se sumarían 45 mini Va y Ven del FUTV que tampoco estarían prestando servicio. En total, el empresario habla de hasta 160 vehículos entre autobuses y unidades pequeñas que podrían haber reforzado la movilidad, aunque las condiciones y situación de cada grupo son distintas.

El concesionario recordó que antes de la salida de Jacinto Sosa de la dirección de la ATY existía un acuerdo para incorporar nuevas unidades a Circuito Colonias y otras rutas con déficit de servicio, pero aseguró que la administración encabezada de manera interina por Aldo Cerezo Cázares no dio continuidad al planteamiento.

Cuestionan recursos provenientes del impuesto sobre nómina

Quintal Medina también cuestionó los resultados del aumento del Impuesto Sobre Nóminas del 3 al 3.75 por ciento, implementado con el argumento de obtener recursos adicionales para el transporte público.

Según las cifras proporcionadas por el empresario, se proyectaba obtener alrededor de 700 millones de pesos, pero la recaudación habría sido de aproximadamente 73 a 75 millones, recursos que, afirmó, fueron destinados a gastos de operación de la propia ATY.

Estas cifras corresponden a la versión de los concesionarios y requieren ser contrastadas con los datos oficiales de recaudación y ejercicio presupuestal del Gobierno estatal.

“Hay un alto riesgo de suspensión”

Los empresarios plantean revisar el esquema de pago por kilómetro y sostienen que el presupuesto destinado al transporte ya resulta insuficiente para mantener la operación.

Quintal Medina advirtió que, si en los próximos días no reciben recursos suficientes para cubrir combustible, proveedores y nómina, podría repetirse una suspensión del servicio.

Por ahora no existe un anuncio formal de paro ni una fecha establecida. Se trata de una advertencia de los concesionarios ante la situación financiera que aseguran enfrentar.

El tema adquiere especial relevancia porque cualquier reducción o suspensión del Va y Ven afectaría directamente a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público en Mérida.