Después de años de resistencia, denuncias, protestas y amparos promovidos por habitantes mayas de Santa María Chi, la Profepa confirmó el retiro de 41 mil 570 cerdos de la Granja Porcícola Santa María, instalada en esta comisaría de Mérida.

La decisión representa un triunfo parcial para una comunidad que durante casi tres años sostuvo una batalla legal y social para defender su derecho a un medioambiente sano, enfrentando incluso procesos de criminalización contra sus representantes.

Los pobladores denunciaron durante años la contaminación del agua, el aire y los malos olores provocados por la operación de la megagranja, propiedad de empresarios ligados a la industria porcícola en Yucatán.

La comunidad también señaló la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), entonces encabezada por la hoy diputada panista Sayda Rodríguez, al permitir que la granja continuara operando pese a las denuncias y presuntas irregularidades ambientales documentadas.

Aunque celebran la salida de los animales, ahora la preocupación se centra en el daño ambiental acumulado: las pilas de oxidación, los residuos y las más de 221 hectáreas afectadas por desechos.

Los habitantes exigen participar en el plan de saneamiento y reparación ambiental que deberá presentar la empresa ante Profepa, pues advierten que la lucha no termina con el cierre de operaciones.

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Por Manuel Cauich Verde

Director del Informativo Al Interior en Vida nueva radio 101.9 de FM en Vida Nueva Radio