Una protesta de madres y padres de familia, que comenzó desde las seis de la mañana de este martes, terminó por conseguir lo que, según denunciaron, llevaban meses solicitando a las autoridades educativas: la separación del director de una escuela primaria de Mérida, señalado por presuntas conductas inapropiadas hacia estudiantes menores de edad.El conflicto ocurrió en la escuela primaria Roberto Quiroz Guerra, ubicada en el fraccionamiento Residencial del Norte Chenkú, donde las familias bloquearon los accesos al plantel y cerraron dos calles cercanas para exigir la intervención de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).Los inconformes aseguraron que desde el año pasado habían presentado quejas contra el director Rodrigo Domínguez Magaña, sin obtener una respuesta que consideraran satisfactoria.Las acusaciones son delicadas. De acuerdo con los testimonios de las familias, el director habría incurrido en presuntos tocamientos a estudiantes, solicitudes de fotografías y uso de sanitarios destinados a los menores.Se trata de señalamientos que requieren una investigación formal y que, hasta ahora, no constituyen hechos judicialmente acreditados.La protesta obligó a intervenir a la SegeyAnte la presión de las familias, Antonio Vázquez González, jefe de Sector de la Segey, acudió al plantel y notificó la separación del director de sus funciones.Sin embargo, la decisión no puso fin inmediatamente al conflicto.Las autoridades educativas propusieron que la supervisora Diana Torres asumiera la dirección de la escuela, pero los manifestantes rechazaron esa alternativa, argumentando que la funcionaria también había tenido conocimiento de sus inconformidades y no había conseguido resolverlas.Los padres exigieron un documento oficial que acreditara la separación del director y estableciera quién quedaría al frente del plantel.Pero su principal preocupación va más allá del cambio de director.Las familias advirtieron que no aceptarán que el caso termine con un simple traslado del profesor a otra escuela, pues consideran que eso no resolvería las denuncias ni garantizaría la protección de otros estudiantes.Por ello solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para investigar los señalamientos y determinar si existen responsabilidades penales.También señalaron que han recurrido a instancias de derechos humanos y protección de menores para dar seguimiento al caso.Las preguntas que siguen sin respuestaEste conflicto deja varias interrogantes para las autoridades educativas de Yucatán.¿Por qué, según los padres, transcurrieron varios meses sin una solución a sus denuncias? ¿Qué investigaciones administrativas se realizaron durante ese tiempo? ¿Se aplicaron medidas preventivas para proteger a los estudiantes? ¿Y cuál será la situación laboral del director separado de sus funciones?También falta esclarecer si existe una denuncia penal formal, si la Fiscalía abrió alguna carpeta de investigación y qué mecanismos de acompañamiento psicológico y protección se ofrecerán a los menores presuntamente afectados.La separación del director es una medida administrativa, pero no equivale a una declaración de culpabilidad ni significa necesariamente que las denuncias hayan quedado resueltas.El caso vuelve a colocar sobre la mesa una exigencia fundamental: que las denuncias relacionadas con posibles agresiones contra niñas y niños sean atendidas oportunamente, con investigaciones serias, protección a las posibles víctimas y respeto al debido proceso.Porque una escuela debe ser un espacio seguro para sus estudiantes, y las autoridades tienen la obligación de actuar ante cualquier señalamiento que pueda comprometer su integridad. Navegación de entradasEl Gobernador cumple su palabra: recibe en Palacio de Gobierno a Santos Méndez, papá de Ángel
