Seis sospechosos detenidos en el asesinato de Fernando Villavicencio

Los seis sospechosos arrestados en relación con el asesinato del candidato presidencial en Ecuador son ciudadanos colombianos, afirmó el jueves el ministro del Interior del país, Juan Zapata. Así, se añadió un nuevo giro en un magnicidio que ha conmocionado a una nación consumida por la violencia vinculada al tráfico de drogas.

El candidato, Fernando Villavicencio, un experiodista que había señalado abiertamente los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades gubernamentales, recibió disparos fuera de una secundaria en la capital, Quito, luego de hablar con jóvenes simpatizantes. El ataque se produjo pocos días antes de la votación en unas elecciones que han estado dominadas por preocupaciones sobre la violencia relacionada con el narcotráfico.

Un sospechoso murió en una trifulca posterior, y otras nueve personas resultaron heridas, informaron las autoridades.

Villavicencio, de 59 años, figuraba en una posición intermedia en las encuestas sobre los ocho aspirantes a la presidencia. Era uno de los candidatos que más se pronunciaba sobre el crimen y la corrupción estatal.

Fue el primer asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, un país otrora relativamente seguro, y se produjo menos de un mes después de que el alcalde de Manta, una ciudad portuaria, fuera asesinado durante una aparición pública.

“Indignado y consternado por el asesinato”, escribió el presidente Guillermo Lasso en la plataforma X, antes conocida como Twitter, la tarde del miércoles, culpando de la muerte del candidato al “crimen organizado”.

Lasso dijo que los atacantes habían lanzado una granada a la calle como distracción al intentar huir, pero que no estalló. La fiscalía nacional, también con una publicación en la plataforma X, dijo que un sospechoso había sido baleado y aprehendido en el fuego cruzado con las fuerzas de seguridad y que poco después había fallecido.

Más tarde, la fiscalía dijo que las autoridades habían llevado a cabo cateos y detenido a seis personas en conexión con el magnicidio.

La revelación de que los sospechosos son colombianos recuerda al magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021, en un complot que derivó en la captura de al menos 18 colombianos que permanecen detenidos en Haití en espera de juicio. Los colombianos están acusados de colaborar en la operación para matar al mandatario haitiano en su casa.

Entre las otras nueve personas que recibieron disparos en el ataque del miércoles por la noche había dos oficiales de policía y una candidata a la Asamblea Nacional, según la fiscalía. No dieron a conocer inmediatamente datos sobre el estado de salud de las nueve personas y por la noche del miércoles no estaba claro si alguna de ellas había fallecido.

El asesinato es un gran golpe a un país que ya sufría una profunda convulsión económica, social y política.

“Este año, electoralmente hablando, es el más violento de nuestra historia”, comentó Arianna Tanca, politóloga ecuatoriana. “Y creo que lo que sí va a cambiar es la forma en la que concebimos la política. Desde ahora se convierte en una profesión de alto riesgo”.

Ecuador, en el borde occidental de Sudamérica, fue testigo de una transformación asombrosa entre 2005 y 2015, cuando millones de personas salieron de la pobreza gracias al auge petrolero cuyas ganancias se invirtieron en educación, atención médica y otros programas sociales.

Sin embargo, más recientemente, el país se ha transformado por la actividad del narcotráfico, cada vez más poderoso, un escenario en el que carteles extranjeros de las drogas han unido fuerzas con pandillas y prisioneros del país, lo que ha derivado en una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente de Ecuador. La tasa de homicidios está a un nivel récord.

Actualmente, la violencia es a menudo atroz y pública, con la intención de generar miedo y ejercer control: hay informes habituales de coches bomba, decapitaciones y niños asesinados a tiros afuera de sus escuelas.

La situación se tornó más complicada después de que Lasso disolvió en mayo la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, una medida drástica,  que tomó ante la posibilidad de ser destituido por acusaciones de malversación de fondos.

Esa medida, que está permitida por la Constitución, significaba que se celebrarían nuevas elecciones presidenciales y para elegir asambleístas. Los comicios en los que Villavicencio iba a contender están programados para el 20 de agosto. Si ningún candidato obtiene una clara victoria, habrá una segunda vuelta en octubre.

El jueves en la madrugada, en un mensaje televisado, Lasso declaró un estado de excepción de 60 días a nivel nacional que incluye la restricción de algunas libertades civiles y dijo que se desplegarían fuerzas de seguridad por todo el país. Dichas declaratorias de emergencias, que suelen reservarse para circunstancias extraordinarias, se han vuelto más comunes en años recientes, pero han hecho poco por limitar la elevada violencia de Ecuador.

Lasso, no obstante, subrayó que las elecciones procederán tal como estaba planeado. “Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista”, dijo. “Y no dudamos que este sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia de que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial”.