La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) intervendrá ante las crecientes inconformidades de comunidades ejidales contra la empresa Energía-Mayakán, que pretende adquirir derechos de vía para su proyecto de gasoducto ofreciendo precios considerados irrisorios por las comunidades afectadas.Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad, quien encabezó en Mérida el Foro Agenda Territorial Participativa, “Un Mismo Territorio, Diversas Realidades”, confirmó que la dependencia federal revisará los casos específicos donde existen quejas por los montos ofrecidos por la compañía francesa.Los ejidos de Pomuch y Santa Cruz, ambos pertenecientes al municipio de Heselchacán en Campeche, han rechazado categóricamente las ofertas de Engie-Mayakán que oscilan entre 10 y 30 pesos por metro cuadrado para el derecho de vía del gasoducto.En contraposición, las comunidades han demandado un pago justo de 500 pesos por metro cuadrado, cifra que consideran acorde al valor real de sus tierras y al impacto ambiental que generará la infraestructura. A esta exigencia se ha sumado el ejido de Kopomá en Yucatán, evidenciando que la problemática trasciende las fronteras estatales y afecta todo el corredor por donde pretende pasar el gasoducto.El proyecto de Engie-Mayakán contempla la construcción de un gasoducto que transportará gas natural desde Tabasco hasta Yucatán, una inversión millonaria que generará importantes beneficios económicos para la empresa francesa a través del suministro energético a la región.Sin embargo, las comunidades ejidales cuestionan la disparidad entre las ganancias proyectadas del proyecto y los montos ofrecidos por el uso de sus territorios ancestrales. Los ejidatarios argumentan que las ofertas actuales no compensan adecuadamente el daño ambiental, la pérdida de productividad agrícola y las afectaciones a largo plazo que implicará el paso de la infraestructura energética.Martínez Vázquez reconoció que existe “desinformación en las comunidades” pero aseguró que SEDATU realizará “un trabajo directo con ellos para que todo sea claro y transparente”.La funcionaria federal explicó que todos los proyectos de infraestructura requieren derecho de vía, pero enfatizó que estos procesos deben realizarse “en apego y acompañamiento a las comunidades, pagándole lo que es justo y haciendo un proceso claro, transparente y directo con la ciudadanía”.Además, reiteró el compromiso del gobierno federal de respetar los derechos de los pueblos indígenas, señalando que esta administración busca corregir “deudas históricas con los ejidos” donde se realizaron procesos sin consulta ni acompañamiento.La controversia con Enenergía-Mayakán se enmarca en un contexto más amplio de ordenamiento territorial en la península de Yucatán, donde diversos megaproyectos de infraestructura han generado tensiones con comunidades locales.La subsecretaria admitió que Yucatán necesita “un verdadero ordenamiento territorial” ante el crecimiento inmobiliario acelerado y la llegada de múltiples proyectos de inversión.SEDATU comprometió revisar caso por caso las quejas específicas contra la empresa francesa, garantizando transparencia en los procesos de negociación y asegurando que las comunidades reciban información completa sobre quién negoció en su nombre y bajo qué condiciones se establecieron los precios ofrecidos.ACOM Navegación de entradasRamírez Marín busca homenajear a las abejas con nueva moneda conmemorativa de 20 pesos El Sistema de Transporte Va y Ven amanece con nueva modalidad de pago de tarifa
