Salinas Pliego denuncia ante la CIDH persecución del Estado mexicano

Por: Steven Nava.-Grupo Salinas informó que su presidente y fundador, Ricardo Salinas Pliego, presentó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano, a quien acusa de una persecución política iniciada en 2023

La denuncia fue presentada en Washington D.C., en el marco de una reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión del organismo.

De acuerdo con el documento, el empresario sostiene que distintas acciones del gobierno mexicano han buscado limitar su participación en el debate público y afectar su libertad de expresión, mediante mecanismos fiscales, judiciales y administrativos que, asegura, operan de manera coordinada.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es lo que Grupo Salinas describe como una criminalización de la crítica. Según el planteamiento, autoridades federales habrían utilizado vocerías oficiales y espacios de comunicación institucional para dañar la reputación del empresario y de sus empresas, con el objetivo de desacreditarlo públicamente. El texto menciona como ejemplo las referencias reiteradas a su caso en conferencias matutinas del Ejecutivo federal.

Asimismo, se acusa un hostigamiento administrativo sistemático. Grupo Salinas señala que sus empresas han sido sometidas a auditorías y revisiones fiscales excesivas, cuyo número -afirman- se duplicó durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en comparación con gobiernos anteriores

Poder Judicial y uso del aparato fiscal

Otro punto relevante de la denuncia es la presunta erosión de la independencia judicial. El documento advierte que la reciente reforma al Poder Judicial ha debilitado los contrapesos institucionales, afectando el derecho de los ciudadanos a una justicia imparcial frente a posibles abusos del Ejecutivo.

En materia fiscal, Salinas Pliego sostiene que, pese a manifestar disposición para resolver sus obligaciones tributarias conforme a la ley, las autoridades habrían respondido con trato discriminatorio y negativas sistemáticas, lo que, a su juicio, revela un uso político del aparato fiscal con fines coercitivos y no estrictamente recaudatorios.

Grupo Salinas plantea que el caso trasciende al empresario y se inserta en un contexto más amplio de deterioro institucional y reducción del pluralismo democrático en México. La denuncia advierte sobre un patrón de hostigamiento contra voces críticas y una creciente concentración de poder que, afirma, pone en riesgo el Estado de Derecho.