MÉRIDA.— Tras múltiples aplazamientos y maniobras legales, el exalcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, finalmente compareció este viernes ante un juez de control, en el marco de los procesos judiciales que enfrenta por presunto desvío de recursos públicos durante su administración municipal.

Durante la diligencia, la defensa del exfuncionario solicitó que todas las carpetas de investigación y procesos en su contra sean acumulados en un solo expediente, argumentando motivos de “eficiencia procesal”. Actualmente se tienen identificadas dos carpetas de investigación activas y tres procesos judiciales en curso, lo que refleja la amplitud de los señalamientos que enfrenta.

El caso de Aguilar Arroyo ha estado marcado por retrasos y recursos legales que han frenado su avance. En una ocasión, un oficio del Juzgado Primero de Control suspendió de último momento una audiencia intermedia en la que se definiría si el caso avanzaba a juicio oral o se resolvía mediante procedimiento abreviado. La suspensión fue firmada por la juez Diana Yadira Garrido Colonia, sumándose a la lista de aplazamientos que rodean este proceso.

A pesar de que la defensa del exalcalde interpuso diversos amparos para detener el avance del caso, estos fueron rechazados tanto en primera instancia como en revisión, lo que obligó a Aguilar Arroyo a presentarse finalmente ante la autoridad judicial.

Sospechas de protección política

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que el caso ha despertado suspicacias sobre posibles actos de protección política, debido a los constantes retrasos y a la influencia que el exedil mantiene en ciertos círculos partidistas. Aguilar Arroyo ha sido identificado como militante de Morena, lo que ha generado críticas de sectores que acusan “blindaje político” y falta de voluntad institucional para esclarecer los hechos.

Mientras los expedientes continúan avanzando lentamente, el exalcalde ha mantenido presencia política y vínculos con instancias estatales, situación que alimenta el cuestionamiento ciudadano sobre cómo una persona bajo investigación por el manejo de recursos públicos puede seguir ocupando cargos de influencia.

Un caso emblemático de impunidad

El proceso contra Aguilar Arroyo se ha convertido en un símbolo de las deficiencias estructurales en la rendición de cuentas, al exponer cómo las dilaciones judiciales, los recursos legales y la lentitud institucional pueden debilitar los esfuerzos anticorrupción.

La audiencia celebrada hoy podría definir el rumbo de los procedimientos en su contra, ya que la acumulación de expedientes —aunque presentada como una medida de eficiencia procesal— podría también retrasar la resolución de los casos o diluir responsabilidades específicas.

El desenlace dependerá ahora de las decisiones del Poder Judicial y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, llamadas a demostrar que en Yucatán la ley no se subordina a los intereses políticos y que nadie está por encima de la rendición de cuentas.

Por Manuel Cauich Verde

Director del Informativo Al Interior en Vida nueva radio 101.9 de FM en Vida Nueva Radio