PRI propone restituir derechos laborales en el ISSTEY con una reforma justa y digna

Mérida, Yucatán, 30 de abril de 2025.– Con un llamado a hacer justicia a las y los trabajadores que sostienen las instituciones públicas de Yucatán, el coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, Gaspar Quintal Parra, presentó una iniciativa para reformar el actual sistema de Seguridad Social del Estado, al que calificó de injusto. Su propuesta busca reducir los años necesarios para la jubilación, disminuir las cuotas obligatorias y restituir derechos eliminados con la reforma de 2022.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, Quintal explicó que su propuesta introduce medidas enfocadas en la igualdad intergeneracional, la sostenibilidad financiera y la ampliación progresiva de beneficios no contemplados en la legislación vigente.

Entre los puntos más relevantes, destacan: reducir la cuota obligatoria para servidores públicos del 15% actual al 8%, obligar al ISSTEY a reintegrar los cobros en exceso que hayan excedido ese nuevo porcentaje, eliminar el requisito de edad de 65 años para acceder a la jubilación voluntaria, tomando en cuenta solo los años cotizados: 30 años para hombres y 28 para mujeres, permitir la jubilación necesaria con 55 años de edad y al menos 15 años cotizados, restablecer como base de cálculo para las pensiones el promedio del salario de los últimos dos años, en lugar del inconstitucional “salario regulador” del 80% del promedio de los últimos 20 años, eliminar la reducción en las pensiones de viudedad, así como el requisito de edad para que familiares tengan acceso a servicios médicos, bastando con acreditar el parentesco y derogar disposiciones relativas a “Personas Servidoras Públicas en Transición”, garantizando la aplicación equitativa de la reforma tanto para quienes cotizaban con la ley anterior como con la actual.

Gaspar Quintal enfatizó que su propuesta no representa una concesión, sino un acto de justicia social y dignidad laboral, en reconocimiento al esfuerzo cotidiano de quienes sostienen las instituciones estatales.

Recordó que la reforma de 2022 fue ampliamente rechazada por los trabajadores, y que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales varios de sus artículos, incluido el del “salario regulador”.

“No podemos aspirar a la justicia social si no empezamos por reconocer, proteger y fortalecer los derechos de nuestros servidores públicos. Esta reforma lanza un mensaje claro: el Estado no debe abandonar a quienes lo sostienen. El trabajo digno debe estar respaldado por una seguridad social digna”, concluyó.