CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de una creciente preocupación por la seguridad en espacios comerciales, el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, impulsa una estrategia que ya genera debate público: el programa “Cascaff”.La iniciativa busca permitir a comercios y plazas comerciales solicitar el retiro de personas que no consuman o que alteren el orden dentro de los establecimientos. Aunque no contempla nuevas leyes, sí plantea aplicar con mayor rigor reglamentos ya existentes para prevenir conflictos y mejorar la convivencia.De acuerdo con información difundida por el medio especializado Merca 2.0 y declaraciones de autoridades municipales, la propuesta será presentada en los próximos días ante el Cabildo para su posible incorporación formal al reglamento local.El programa surge en un contexto donde la seguridad en centros comerciales se ha convertido en una prioridad tanto para autoridades como para negocios privados. Según el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri, el objetivo es brindar herramientas legales a los comercios para actuar de manera discreta y evitar confrontaciones.Entre los puntos contemplados destacan: Retirar a personas que permanezcan largos periodos sin consumir, conocidos coloquialmente como “refriteadores”.Intervenir ante conductas agresivas o que alteren la convivencia.Establecer lineamientos para identificar situaciones de riesgo.Dar respaldo institucional a las acciones de los comercios.Las autoridades aseguran que la intención “no es vulnerar derechos ni eliminar el anonimato”, sino prevenir incidentes y mantener el orden en espacios concurridos.Sin embargo, la propuesta ya enfrenta críticas y preocupaciones por posibles actos de discriminación. Especialistas y usuarios advierten que conceptos como “conducta inapropiada” o “no consumo” podrían interpretarse de manera subjetiva y afectar a jóvenes, adultos mayores o trabajadores informales que utilizan plazas comerciales como espacios de reunión o descanso.El debate tomó fuerza tras un incidente reciente en Monterrey, donde un guardia de seguridad fue captado golpeando a una mujer acusada presuntamente de robo, situación que después generó dudas sobre la veracidad de la acusación. El caso reavivó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la necesidad de protocolos claros para personal de seguridad privada.Por ahora, “Cascaff” aún no entra en vigor y permanece en fase de análisis. No obstante, de ser aprobado en San Pedro Garza García, podría convertirse en un precedente para otros municipios del país.La discusión gira ahora en torno al equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos, así como a la forma en que se aplicarían estas medidas en espacios que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. Navegación de entradasAsí operaron Los Chapitos para que Rubén Rocha Moya ganara la elección, según EU
