“No nos vamos a salir”: artesanos desafían operativo policial en Chichén Itzá y abren acceso gratuito

“No nos vamos a salir de aquí.” Con esa declaración, cientos de artesanos, comerciantes y pobladores mayas de Pisté se plantaron este martes frente a unos 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y contingentes de la Guardia Nacional, a quienes repudiaron con gritos de “¡fuera, fuera, fuera!”

La confrontación ocurrió tras la colocación de rejas metálicas en la antigua entrada a Chichén Itzá, una acción que las comunidades calificaron de traición y que eleva el riesgo de un enfrentamiento directo entre la fuerza pública y un movimiento de base maya con más de dos años de resistencia.

Rejas en la oscuridad, comunidad en la calle

Todo ocurrió entre la madrugada del lunes 18 y el amanecer del martes 19 de mayo. Mientras dormía la mayor parte de Pisté, elementos de la policía estatal instalaron vallas metálicas en la entrada histórica a la zona arqueológica, la misma que artesanos y comerciantes han usado por décadas. No hubo aviso. No hubo consulta. Solo el estruendo del metal y el reflejo de las linternas en la oscuridad.

La respuesta comunitaria fue inmediata. El Concejo Indígena de Gobierno de Pisté lanzó una convocatoria urgente en sus redes sociales. Decenas, luego cientos de personas salieron a la calle. Juntos retiraron las rejas. Luego tomaron una decisión que resumió el carácter político de su protesta: abrieron Chichén Itzá de forma gratuita a los turistas que ya esperaban para entrar.

“Los artesanos, artesanas y comerciantes liberaron el bloqueo ilegal y arbitrario de una vía pública de acceso cometido por la policía en la oscuridad de la noche”, denunció el Concejo en su comunicado.

“Traición” con 300 policías de testigos

El Concejo Indígena no eligió esa palabra al azar. El cierre nocturno ocurrió mientras se desarrollaban mesas de diálogo activas entre las comunidades mayas, el INAH, la Procuraduría Agraria, la CNDH, el INPI, Gobernación y el propio gobierno de Yucatán. Para los artesanos, instalar las rejas en plena negociación fue una señal inequívoca de que el diálogo era una fachada.

“El Gobierno del Estado ha cometido un acto de traición contra nuestro pueblo y nuestros acuerdos, mandando a colocar rejas en el parador principal de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, violando las mesas de diálogo”, señaló el Concejo. El Colectivo Comunidades por la Autonomía fue más directo aún: “En un acto evidentemente premeditado y de mala fe, el gobierno del estado está cerrando la entrada antigua a Chichén Itzá.”

Frente a esas acusaciones, el INAH publicó un comunicado a las 11:17 horas de hoy en su cuenta de X, en el que describió el cierre como una medida “preventiva” y de “mantenimiento de sus instalaciones”. La comunidad rechazó esa versión: el comunicado oficial apareció horas después de que los pobladores ya habían retirado las rejas, lo que los representantes interpretan como un intento tardío de reencuadrar lo ocurrido.

El Gobierno Estatal en el centro del señalamiento

La figura del Gobernador Estatal concentra la responsabilidad política del conflicto según el Concejo. En reuniones previas, incluidas dos con el propio mandatario, todas las instituciones presentes garantizaron que no habría expulsión de artesanos. Hoy esas promesas están en entredicho.

“Los integrantes del pueblo maya de Pisté, que por décadas hemos estado en Chichén Itzá, no nos vamos a salir”, reiteraron los representantes en su rueda de prensa del mediodía, cuando la antigua entrada ya operaba bajo control comunitario con turistas ingresando sin pagar. La imagen era elocuente: el Estado cerró el sitio en papel, pero la comunidad lo abrió en los hechos.

Una chispa, 300 elementos y el riesgo latente

Al cierre de la conferencia de prensa del mediodía, el escenario era de calma tensa. La zona arqueológica, el CATVI y el Gran Museo permanecían cerrados de manera oficial mientras la comunidad controlaba la entrada histórica. Los 300 policías estatales y los elementos de la Guardia Nacional seguían desplegados en los alrededores, replegados pero presentes.

Ese equilibrio es frágil. En marzo pasado, cuando el CATVI arrancó operaciones, artesanos de Pisté ya habían advertido: “Solo nos van a sacar muertos.” Hoy, con la fuerza pública acuartelada a metros de una comunidad que acaba de desafiarla, esa frase pesa más que nunca.

El Concejo declaró disposición al diálogo, pero con condiciones claras: cumplimiento de los acuerdos previos, respeto a la presencia comunitaria en el corredor original y suspensión de cualquier medida de desalojo. Sin esas garantías, Pisté decide en asamblea. Y la temporada alta de verano se acerca.

ACOM