Más impuestos en Yucatán: aumentan nóminas, autos usados y llega gravamen a Uber y DiDi

A partir de hoy, el gobierno de Yucatán aplicará incrementos en tres impuestos estatales y estrenará un nuevo gravamen dirigido a las plataformas de transporte tipo aplicación, medidas incluidas en el paquete económico aprobado por el Congreso local. Estos cambios forman parte de la estrategia de recaudación del gobierno estatal y tendrán impacto directo en empresas, profesionistas y usuarios de servicios como Uber o DiDi.

El primer ajuste relevante es el Impuesto sobre Nóminas, que pasa de una tasa de 3% a 3.75% sobre las remuneraciones al trabajo que pagan las empresas en el estado. Esto significa que todo patrón formal sujeto a este impuesto deberá destinar una mayor proporción de su masa salarial al fisco estatal, lo que podría trasladarse a decisiones sobre contratación, inversión o precios de productos y servicios.

También se encarece la compraventa de autos usados formalizados ante el gobierno estatal: el impuesto sobre enajenación de vehículos usados sube de 1% a 3% del valor del automóvil. En la práctica, quien adquiera un vehículo usado y realice su trámite de manera regular ante las autoridades pagará ahora el triple de impuesto que en 2025, elevando el costo total de regularizar la operación.

Un tercer incremento recae en el impuesto sobre el ejercicio profesional, que pasa de 2% a 3% para servicios exentos de IVA, especialmente en profesiones del sector salud como médicos, odontólogos, veterinarios y similares. Este aumento impacta directamente a los consultorios y despachos que tributan bajo este esquema estatal, quienes podrían verse obligados a ajustar sus honorarios para compensar la mayor carga fiscal.

Además, se crea un nuevo impuesto de 1.5% sobre la tarifa efectivamente cobrada por las plataformas de transporte que operan mediante aplicaciones digitales. El gravamen se aplicará por viaje, de modo que empresas como Uber o DiDi deberán enterar al Estado ese porcentaje, lo que abre la puerta a que parte de ese costo se traslade al usuario final en el precio de cada recorrido.

Junto con estos impuestos, el paquete económico contempla nuevos derechos y ajustes en servicios que presta el gobierno, como cobros adicionales en el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, cursos para fedatarios e intermediarios inmobiliarios y verificaciones ambientales.

Aunque no se trata de impuestos directos, estos incrementos elevan el costo de diversos trámites legales, registrales y ambientales, afectando a quienes necesiten regularizar predios, inscribirse en registros especializados o cumplir con nuevas obligaciones de reporte y verificación.

ACOM