Lanzan ultimátum para nombrar a comisionado del Inai

Una jueza federal dio tres días al Senado y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que presente la fecha en que será sometida a consideración la nueva propuesta para cubrir una de las vacantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Dentro del amparo 1714/2022, Celina Quintero, jueza decimoséptima de Distrito en Materia Administrativa, estableció que si los senadores no cumplen con el mandato, se les impondrá una multa que podrá llegar a 103 mil 740 pesos.

“En caso de ser omisa, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, la cual podría aumentar gradualmente hasta llegar a mil unidades”, estableció la juzgadora.

En un segundo amparo, el 803/2023, la jueza insiste en su petición de que es necesario llenar la vacante.

Ambos recursos fueron promovidos por Francisco Ciscomani, miembro del Consejo Consultivo del Inai, quien reclamó la falta de nombramiento después de que Francisco Acuña dejó el puesto el primero de abril pasado.

En al menos dos ocasiones, Quintero Rico ha otorgado suspensiones definitivas con las que ha urgido a la Jucopo en el Senado a que elabore la lista de candidatos para ocupar el cargo de comisionado.

El Inai quedó inoperante con la salida de Acuña, al no contar con el quorum necesario para llevar a cabo las sesiones.

Antes, en marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su veto como titular del Ejecutivo para frenar otros dos nombramientos que ya habían sido designados por el Senado de la República.

Los ministros también determinaron que esta autorización dejará de estar vigente una vez que el Senado nombre, cuando menos, a una persona más, con lo que se cumpliría el quorum que pide la ley.

Al resolver este asunto, los ministros consideran que la parálisis del Inai ha venido actualizando la violación de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información y el de protección de datos personales.

“(Esto ha) privado a miles de ciudadanas y ciudadanos de obtener una respuesta a sus reclamos en los plazos que señala la ley”, sentenció el alto tribunal.

Asimismo, explicó que tanto la Constitución como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen un diseño normativo para evitar que ocurran vacantes prolongadas en el pleno del Inai.