Por el periodista Manuel Lizarraga López.-Lo ocurrido en la comisaría de Kimbilá no es un hecho menor ni una anécdota local. Es una señal de alerta para el gobierno municipal y para el gobierno del estado de Yucatán.Cuando un grupo de ciudadanos decide abiertamente no cumplir el Reglamento de Tránsito, y además enfrenta a la autoridad que intenta aplicar la ley, el problema deja de ser comunitario y se convierte en institucional. Aquí no está en juego el uso de un casco; está en juego la vigencia del estado de derecho.El argumento de “es mi decisión” no resiste el menor análisis. Nadie decide de manera aislada cuando circula en la vía pública. Un accidente en motocicleta activa ambulancias, ocupa camas hospitalarias, moviliza policías y termina costándole a toda la sociedad lo que pudo evitarse con una medida básica de prevención.El casco “estorba”, dicen. Hasta que la cabeza es la que recibe el impacto.En Yucatán, los accidentes de motocicleta son una constante y una de las principales causas de lesiones graves y muertes en carretera. No es una percepción, es una realidad documentada. Por eso el uso del casco no es opcional, no es sugerencia y no es materia de consulta popular: es ley. El ingeniero René Flores Ayora apunta este dato: En Yucatán han Fallecido 2,079 MOTOCICLISTAS YUCATECOS, en 15 años ( 2011-2025)Aquí es donde la responsabilidad del gobierno estatal y del municipal es ineludible. Si la autoridad intenta “concientizar” pero se retira ante la presión, el mensaje que envía es devastador: basta gritar lo suficiente para que la ley se suspenda. Y eso abre la puerta a que cualquier reglamento sea ignorado bajo el pretexto de la costumbre o la inconformidad.La paradoja es tan vieja como cruel: se rechaza la prevención con soberbia, pero cuando ocurre la tragedia aparecen los reclamos. Se culpa a la policía por no vigilar, al gobierno por no prevenir y hasta al destino por lo que en realidad fue negligencia.Un gobierno que tolera el desacato sistemático no gobierna: administra riesgos. Y esos riesgos, tarde o temprano, se traducen en vidas perdidas.Ni el Ayuntamiento ni el gobierno del estado pueden permitirse comisarías donde la ley sea opcional. Aplicar el reglamento no es autoritarismo; es responsabilidad pública. Ceder, en cambio, es renunciar a su obligación básica: proteger la vida.Porque un pueblo sin ley no es libre. Es vulnerable. Y la tragedia, esa, nunca pide permiso. Navegación de entradasAcuífero de Yucatán: contaminación “biosocial y discriminatoria” pone en riesgo a la niñez El LAE José Enrique Molina Casares es reelecto presidente de CANACO SERVYTUR
