En Mérida, dos recientes accidentes fatales han puesto en evidencia una disparidad en la aplicación de la justicia. Por un lado, un chofer de transporte público permanece en prisión preventiva; por otro, un joven conductor de una camioneta de lujo enfrenta su proceso en libertad. Misma ciudad, mismos jueces, resultados opuestos.El 29 de abril, Aylín Guadalupe Ku Muñoz, de aproximadamente 20 años, falleció tras ser atropellada por un autobús del sistema “Va y Ven” en Ciudad Industrial. El conductor, identificado como Jairo C.M., fue acusado de homicidio culposo y sometido a prisión preventiva justificada mientras se completa la investigación en un plazo de dos meses.Ese mismo día, pero en otra parte de la ciudad, Ángel Méndez Kú, de 18 años, murió junto con su bebé no nacido cuando una camioneta Lincoln MKX conducida por Víctor Manuel Rodríguez Bernat impactó la motocicleta donde viajaba con su esposa embarazada. Ella sobrevivió con heridas graves. Según testigos, el conductor se pasó un semáforo en rojo e intentó huir.La gravedad de los hechos muestra un desequilibrio: en el caso del Va y Ven, una persona perdió la vida. En el caso de Altabrisa, fallecieron un joven y un bebé por nacer, además de dejar gravemente herida a una mujer embarazada. Sin embargo, las decisiones judiciales fueron inversamente proporcionales a la magnitud de las tragedias.La jueza Silvia Pamela Cetina Bautista determinó que Rodríguez Bernat, a pesar de enfrentar cargos por homicidio culposo, lesiones que ponen en peligro la vida y daño en propiedad ajena, podía seguir su proceso en libertad. ¿La justificación? Es “dependiente económico de sus padres”. Solo se le impuso el uso de un brazalete electrónico y la prohibición de salir del estado.En contraste, el operador del transporte público, cuya profesión es precisamente conducir, fue enviado directamente a prisión preventiva. ¿Acaso el chofer del Va y Ven no tiene también dependientes económicos? ¿Por qué esta consideración solo aplicó para el conductor del vehículo de lujo y no para el trabajador del transporte público?, es lo que se pregunta ahora en redes sociales cientos de personas.Las reacciones no se hicieron esperar. Familiares de Ángel y organizaciones sociales han realizado manifestaciones frente al Palacio de Gobierno exigiendo justicia. “Sin influencias y sin lana, el chofer quedó preso. Y un joven en estado inconveniente solo fue reprendido”, dicen los manifestantes, señalando lo que consideran una aplicación selectiva de la ley.Resulta difícil no sospechar de una posible presión en el caso del Va y Ven, sistema de transporte administrado por el Estado. Las protestas vecinales por al menos seis muertes previas relacionadas con estas unidades podrían haber llevado a las autoridades a buscar un “castigo ejemplar”. Sin embargo, esta firmeza parece diluirse cuando el acusado proviene de un entorno privilegiado.El mensaje que estas decisiones dispares envían a la sociedad yucateca llama la atención, según se observa en las discusiones en redes sociales: la severidad de la justicia podría depender más del estatus socioeconómico del infractor que de la gravedad del hecho o el daño causado. Si conduces un autobús público, afrontarás toda la fuerza de la ley; si manejas una camioneta de lujo, quizás sólo recibas un regaño judicial.Estas contradicciones afectan la confianza ciudadana en el sistema judicial. Una sociedad que percibe que la justicia se aplica con diferentes varas de medir según el origen social o los recursos económicos de los implicados, es una sociedad donde el Estado de Derecho se debilita. La pregunta queda flotando en el aire: ¿hay justicia equitativa o solo justicia selectiva?, tal como se observa en las redes sociales.ACOM Navegación de entradasDe la Tranquilidad al Caos Vial: El Desmedido Aumento Vehicular que Azota Yucatán Celebran el Día de la Madre en el CERESO de Mérida
