Jueza ordena al congreso de Campeche separar del cargo a la alcaldesa Morenista de Tenabo

La jueza segundo de Distrito en el Estado de Campeche, Roxana Hernández López, ordenó al Congreso del Estado iniciar el proceso de separación del cargo de la alcaldesa de Tenabo, Mariela Sánchez Espinoza, en dictamen emitido ayer 10 de febrero de 2026, derivada de la falta reiterada de cumplimiento de mandamientos judiciales relacionados con el ejercicio fiscal 2025, y ordenó al Poder Legislativo dar “constancias de que se realizan las acciones necesarias para el proceso de separación del cargo de la presidenta del Municipio de Tenabo”.

De acuerdo con la resolución, en 2025 fue presupuestada una partida por 27 millones de pesos destinada a la conclusión de diversos expedientes, no obstante, los recursos no fueron erogados y, de acuerdo con la autoridad judicial, fueron desviados pese a estar previamente etiquetados para dicho fin.

Con este fallo, el Congreso del Estado de Campeche tendrá nuevamente la facultad de sancionar a la funcionaria mediante la separación de su encargo, toda vez que en una primera ocasión los legisladores sesionaron de manera reservada para tratar ese asunto y no procedieron contra la autoridad municipal.

En cuanto a la aplicación del fuero para la presidenta municipal de Tenabo, no aplica, ya que en Campeche fue 3lim¡nado en 2016, por lo que ningún servidor público —incluidos alcaldes o diputados locales— goza de inmunidad procesal.

De acuerdo con el Consejero Jurídico del Estado, cualquier eventual restitución del fuero requeriría una reforma a la Constitución local, la cual necesitaría el voto de las dos terceras partes del Congreso y el aval de la mayoría de los cabildos de la entidad.

En este contexto, es relevante señalar que la propia alcaldesa Sánchez Espinoza forma parte de los 7 alcaldes de Morena que se pronunciaron públicamente contra el regreso del fuero, al considerar que “su reinstalación debilita la igualdad ante la ley, la transparencia y la rendición de cuentas, y alimenta la percepción de impunidad”.

Por tanto, al no estar vigente dicha figura jurídica en el Estado, Mariela Sánchez está sujeta a las mismas responsabilidades administrativas y penales que cualquier otro servidor público.