Inmobiliaria se apropia de terreno en Temozón

Con la aparente complicidad de autoridades federales, estatales y municipales de Mérida, la desarrolladora inmobiliaria Calume invadió una parcela en la que no sólo eliminó vegetación nativa, sino hasta autorizó la instalación de postes de energía eléctrica de la CFE para convertir 1,200 metros cuadrados aproximadamente de parcela en una calle de acceso para los condominios que levanta en Temozón Norte.

El conflicto se agravó en las últimas semanas, pues el propietario, con documentos en la mano expedidos por el Registro Agrario Nacional (RAN), intentó cercar su parcela, pero la empresa solicitó la intervención de la policía estatal y hasta la presencia de una notaría pública No. 015, Teresa de Jesús May Dorantes, lo que generó que no se pudiera concluir esta labor de cercado.

El propietario MYG señala que podría haber complicidad de las autoridades en este asunto, pues hasta la Dirección de Desarrollo Urbano clausuró y aun así sigue en proceso de construcción. Y tampoco el Ayuntamiento ha aclarado que esa no es calle sino una parcela, evitando entrar en confrontación con el empresario, pero sí permitiendo la ocupación ilegal del predio. Ahora, el propietario planea tomar medidas más drásticas, pues le impidieron cercar su parcela, y tiene intención de proceder con demanda penal ante, lo que llamó, un abuso total.

Documentación oficial respalda la propiedad

MYG, propietario de la parcela 13-16 en el polígono cuatro de Temozón Norte, pero ubicado dentro del extenso ejido de Chuburná, según consta en el documento oficial a que tuvimos acceso, cuenta con un certificado parcelario y plano de grandes áreas que acreditan la pertenencia.

Los documentos, certificados por la licenciada Mariza Josefina González Ek, persona registradora del RAN en Yucatán, incluyen el plano anexo técnico del acta de asamblea general de ejidatarios del 30 de abril de 2017, avalado por el escribano público número 13 de Mérida. El plano fue elaborado por el Grupo Profesional de Servicios en Topografía S.A. de C.V. y cuenta con las firmas de Baltazar de los Reyes Huchim Ramos como presidente, José Alberto Pool Chuc como secretario, y José Luis Ch y Yam como tesorero del ejido.

Destrucción ambiental y ocupación ilegal

La desarrolladora Calume, responsable del proyecto inmobiliario Muretto, procedió a devastar toda la vegetación nativa que existía en la parcela invadida. Posteriormente, instaló postes de energía eléctrica para convertir el terreno en una vía de acceso al desarrollo habitacional, configurando lo que el propietario considera un despojo flagrante de su propiedad. “Me están desposeyendo, y eso ya tipifica el delito”, expresó MYG, quien enfatizó que en ningún momento donó o cedió su parcela para que fuera utilizada como calle.

Intervención policial favorece a la desarrolladora

El conflicto escaló cuando MYG intentó ejercer su derecho de propiedad cercando su parcela. La desarrolladora solicitó el auxilio de la fuerza pública, logrando que elementos policiales acudieran al lugar acompañados de una notaría para dar fe de los hechos.

Paradójicamente, el propietario señaló que él había solicitado anteriormente la intervención de las autoridades sin obtener respuesta. “La policía fue muy parcial”, denunció MYG, quien fue el único que pudo acreditar ante los oficiales la propiedad legítima del terreno mediante su certificado parcelario.

Clausura ignorada y posible corrupción

A pesar de que la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida tiene oficialmente suspendida la construcción del proyecto Muretto, las obras continúan sin interrupción. “Yo creo que hay impunidad o hay corrupción porque siguen construyendo”, manifestó el afectado, quien ya interpuso una queja ante instancias federales en la Ciudad de México. La inacción de las autoridades municipales resulta especialmente preocupante, considerando que, en casos anteriores similares, el ayuntamiento solicitaba la intervención del Registro Agrario Nacional para verificar si correspondía o no a una parcela ejidal.

Sin fundamento legal para apropiarse del terreno

La empresa desarrolladora carece de cualquier documento que respalde su pretensión sobre el terreno. “Jamás van a poder probar que es una calle porque en ningún momento se donó o el ejido lo dio para que fuera una calle”, aseguró MYG. Ni el catastro municipal ni el registro público de la propiedad tienen antecedentes de cómo la desarrolladora habría adquirido supuestamente esa “calle”. Además, al tratarse de tierras ejidales, es competencia federal y no municipal o estatal, lo que complica aún más la posición legal de Calumme.

Acciones legales en puerta

Ante la gravedad de la situación y el aparente respaldo institucional a la desarrolladora, MYG anunció que procederá por la vía penal y agraria. Planea presentar una denuncia ante la fiscalía por invasión de propiedad, daño a propiedad ajena y despojo, además de continuar el proceso en el Tribunal Agrario. “Es un asunto que se dirime en el tribunal agrario, pero también es penal porque me están desposeyendo”, explicó el propietario, quien se muestra determinado a recuperar su parcela y obtener justicia ante lo que considera un abuso sistemático respaldado por la complicidad de diversas autoridades.ACOM