YUCATÁN.- El Instituto de Movilidad, Desarrollo Urbano y Territorial (IMDUT) pretende vulnerar la autonomía de los municipios, induciéndolos a votar en sesión del Cabildo un documento diseñado para crear un órgano de control de la Zona Metropolitana de Mérida.La propuesta ha generado malestar en varios municipios porque les enviaron incluso hasta el borrador de lo que deben aprobar los regidores por unanimidad en cada cabildo.Un análisis detallado del “Convenio Marco de Coordinación” que busca implementar el IMDUT revela lo que alcaldes califican como una estrategia para centralizar el poder sobre 14 municipios yucatecos bajo el pretexto de crear la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM).Los 14 municipios que conformarían la ZMM (Mérida, Kanasín, Umán, Conkal, Ucú, Progreso, Samahil, Timucuy, Hunucmá, Acanceh, Tixkokob, Tixpéual, Chicxulub Pueblo e Ixil) representan el 59.92% de la población de Yucatán según el censo 2020, lo que convierte este convenio en un instrumento con impacto directo sobre la mayoría de los yucatecos.El documento, que ha comenzado a circular entre los ayuntamientos, establece una estructura de gobernanza claramente desequilibrada donde la llamada “Junta de Coordinación Metropolitana” estaría presidida por el Gobernador del Estado y tendría una mayoría de representantes estatales, relegando a los municipios a un papel secundario pese a ser constitucionalmente autónomos.Especialmente preocupante resulta la transferencia de atribuciones al IMDUT organismo estatal que asumiría facultades propias de los municipios hasta que se cree un Instituto de Planeación Metropolitana, sin establecer plazos ni garantías para esta transición.La Secretaría Técnica de la Junta también quedaría en manos de un funcionario del IMDUT, consolidando el control estatal.“Este convenio concentra decisiones clave sobre desarrollo urbano, vivienda, movilidad y otros temas fundamentales para nuestras comunidades en manos del gobierno estatal”, manifestó un alcalde que pidió el anonimato por temor a represalias presupuestarias.“Nos están pidiendo que cedamos facultades que por ley nos corresponden”, añadió.Fuentes cercanas a varios ayuntamientos confirmaron a este medio que el gobierno estatal no solo envió el convenio, sino también “borradores” de actas de Cabildo con la indicación de que sean aprobadas por unanimidad, lo que ha generado indignación entre regidores de que ven en esto una muestra del autoritarismo con que se pretende implementar el esquema metropolitano.Un punto criticado es la obligación que tendrían los municipios de “armonizar” sus instrumentos de planeación con “el programa” metropolitano, elaborado principalmente por instancias estatales, lo que en la práctica subordinaría las decisiones locales a los lineamientos determinados desde el gobierno central de Yucatán.La cláusula de confidencialidad del convenio también ha encendido alarmas. El documento establece una “estricta confidencialidad” para la información intercambiada o resultante, que debe mantenerse “durante toda su vigencia e incluso posterior a ella”, contradiciendo el principio de máxima publicidad en asuntos públicos y potencialmente limitando el acceso ciudadano a información sobre decisiones que afectan directamente a la población.En caso de controversias no resueltas, el convenio establece que las partes “se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales con residencia en la Ciudad de México”, lo que representaría una barrera geográfica y económica para los municipios más pequeños que quisieran defender sus intereses legalmente.Aunque el convenio tiene una vigencia de solo dos años, las implicaciones y proyectos derivados serían de mucho más largo plazo, creando una estructura que podría perpetuarse más allá del periodo establecido.Paradójicamente, cualquier parte puede retirarse con solo 30 días de notificación, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad del esquema propuesto.Otra inquietud expresada por algunos funcionarios municipales es la falta de claridad en los mecanismos de financiamiento.El convenio menciona que los municipios establecerán “mecanismos financieros necesarios” para los proyectos, pero sin garantizar equidad en las cargas económicas, lo que podría resultar en presiones financieras desproporcionadas para los ayuntamientos más pequeños.“No estamos en contra de la coordinación metropolitana, que es necesaria, sino de este modelo vertical diseñado para subordinar a los municipios”, concluyó uno de los alcaldes consultados.ACOM Navegación de entradasEjidatarios de la Península forman frente común contra Engie-Mayakán Designa Joaquín Díaz Mena a la expriista Verónica Moyano Acuña nueva titular de la Prodennay
