El ministro Hugo Aguilar afirma que los funcionarios públicos tienen mayor preparación que la población

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestó que los funcionarios públicos, en general, poseen un nivel de preparación superior al de la población en su totalidad. Esta declaración se dio en el contexto de la discusión sobre una acción de inconstitucionalidad relacionada con la Ley del Notariado del estado de Colima.

Durante la sesión, se abordó un proyecto presentado por una de las ministras del pleno, el cual se enfocaba en una impugnación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) contra reformas a dicha ley. En particular, se cuestionó el artículo 140, que establece sanciones de prisión de uno a ocho años para aquellos funcionarios que obstaculicen o impidan las funciones de notarías. La CDHEC consideró que el artículo carecía de definiciones claras para los términos “obstaculizar” e “impedir”.

La ministra que llevó el proyecto propuso declarar inconstitucional el artículo por la ambigüedad presentada en esos términos. Sin embargo, el presidente de la corte discrepó, argumentando que la norma se dirige a funcionarios que son capaces de comprender perfectamente el significado de las palabras en el contexto de su aplicación.

A pesar de su interpretación sobre la precisión de la norma, el ministro Aguilar Ortiz votó a favor de declarar inconstitucional el artículo, señalando que no se justificaba el castigo con prisión ante la omisión de los funcionarios en el apoyo a los notarios en el desempeño de sus funciones.

El proyecto fue finalmente aprobado por mayoría, con siete votos a favor, mientras que las ministras Lenia Batres y Sara Herrerías se manifestaron en contra. Este debate refleja la continua tensión en el ámbito jurídico mexicano sobre la regulación de las funciones públicas y la protección de los derechos humanos en el ejercicio de estas.