La historia se repite. Hace un par de años, cuando el Tren Maya estaba en proceso de construcción, la CMIC protestó porque sus miembros se sintieron desplazados en la mayor parte de las obras, incluso los transportistas hicieron manifestaciones y paros para que pudieran entrar dentro del paquete de contratos.Ahora, en la construcción del ramal de carga del Tren Maya, al menos el tramo que corresponde a Yucatán, de nuevo los transportistas levantan la voz por el desplazamiento de que son víctimas.Acusan que el Gobierno Federal los excluye, en clara contradicción con las promesas presidenciales y generando un conflicto que podría escalar a manifestaciones masivas. Las empresas locales de transporte, principalmente afiliadas al Sindicato de Transportistas de la CTM en Yucatán, denuncian que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) favorece a empresas foráneas como Adobe Constructora y Consultoría S.A. de C.V. para el suministro y acarreo de materiales, relegando a los transportistas locales a tareas menores.Esta empresa opera en canteras como el “Banco Zamudio” en la comunidad de Xcucul Sur, municipio de Umán, Yucatán. Los materiales extraídos se venden directamente a la Sedena para la construcción del ramal del tren de carga que conectará Poxilá, Umán, con Mérida y el puerto de Progreso.En julio pasado, las explosiones realizadas por Adobe para extraer material causaron daños estructurales a viviendas en Xcucul Sur. Los pobladores han denunciado grietas en sus casas y techos colapsados. Se ha reportado que la empresa utilizaba dinamita a escasa distancia (20 metros) de las viviendas.Representantes de la empresa han reconocido el uso de explosivos, pero se han deslindado de la responsabilidad por los daños causados a las viviendas locales.Según reportes del 26 de julio, numerosos volquetes pertenecientes a transportistas yucatecos permanecen inactivos mientras la obra avanza. William Ancona Chuc, líder del Sindicato de Transportistas de la CTM, reveló que apenas cinco de más de 120 camiones que operan diariamente en las obras son de empresas locales, evidenciando la marginación sistemática del sector transportista yucateco.Esta situación se enmarca en un contexto de tensión que incluye denuncias publicadas por medios locales el 12 de abril, donde se expuso que José Peniche Marenco, secretario general de la Catem, intentó cobrar “moches” de 5,000 pesos mensuales por cada volquete para garantizar su participación en el proyecto. Esta presunta extorsión habría representado ingresos ilícitos por aproximadamente 48 millones de pesos durante los 48 meses de construcción.“A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que la obra beneficiaría a la gente local, la realidad es que estamos siendo desplazados”, declaró Ancona Chuc en entrevistas recientes. El líder sindical advirtió que aproximadamente 800 unidades de transporte están sin trabajo en total, considerando tanto volquetes activos como de reserva, afectando directamente a cientos de familias que dependen del transporte de materiales de construcción para su sustento.El caso de los transportistas no es aislado. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) también ha manifestado su inconformidad por ser desplazada en las obras que realiza el Ejército Mexicano como parte del proyecto ferroviario.El Sindicato de Transportistas de la CTM advierte que, de no resolverse esta situación, podrían iniciar manifestaciones masivas que afectarían el avance del proyecto. El conflicto evidencia las tensiones entre el discurso federal de desarrollo incluyente y la realidad de una implementación que, según los afectados, beneficia principalmente a grandes empresas y organizaciones ajenas a Yucatán, dejando a los empresarios locales con las migajas de un proyecto valorado en millones de dólares.ACOM Navegación de entradasDesigualdad sin freno: 1 de cada 10 familias yucatecas sobrevive con 6,268 pesos al mes Gobernador recorre escuelas de Mérida… sin invitar a la alcaldesa, una vez más
