El Congreso del Estado de Yucatán podría enfrentar sanciones administrativas y penales tras incumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al no lograr reformar la Constitución estatal que protege la vida desde la concepción, a pesar de haber aprobado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en el Código Penal.

Esta contradicción legal ha generado un escenario de inseguridad jurídica tanto para las mujeres como para los prestadores de servicios de salud, abriendo además la posibilidad de nuevas impugnaciones legales y una posible intervención directa de la SCJN.

En una tensa sesión legislativa, marcada por manifestaciones simultáneas de grupos feministas y provida, el Congreso votó ambas reformas con el mismo resultado: 22 votos a favor y 13 en contra.
Mientras esta mayoría fue suficiente para modificar el Código Penal, no alcanzó los 24 votos necesarios (dos tercios) para cambiar la Constitución estatal.

El desacato a la orden judicial podría acarrear procesos de responsabilidad administrativa para los 13 diputados que votaron en contra, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las sanciones van desde amonestaciones públicas hasta inhabilitaciones temporales de uno a diez años para ocupar cargos públicos.

Además, el incumplimiento de una resolución judicial podría constituir el delito de abuso de autoridad, tipificado en el Código Penal Federal, con penas de hasta ocho años de prisión.

La SCJN podría incluso solicitar al Congreso de la Unión la apertura de juicios políticos contra los legisladores, en base al artículo 110 de la Constitución federal.

Organizaciones defensoras de derechos reproductivos ya han anunciado que presentarán denuncias formales ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, señalando que los votos en contra constituyen una violación a los derechos humanos reconocidos por la Corte.

Casos similares en el pasado, como el de Veracruz en 2021, derivaron en multas individuales de hasta 43,440 pesos, equivalentes a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La votación evidenció un reacomodo de fuerzas políticas en el Congreso yucateco. Los 22 votos a favor provinieron de:

  • Morena (17)
  • PRI (2)
  • Movimiento Ciudadano (2)
  • PT (1)

Los 13 votos en contra fueron emitidos por:

  • PAN (12)
  • PVEM (1)

Este resultado refleja una ruptura de alianzas tradicionales, con el PRI votando junto a Morena y el Partido Verde aliándose al bloque conservador encabezado por el PAN.

Entre los legisladores que votaron en contra y podrían ser sancionados se encuentran:
María Teresa Boehm Calero, Álvaro Cetina Puerto, Manuela de Jesús Cocom Bolio, Itzel Falla Uribe, Melba Rosana Gamboa Ávila, Zhazil Leonor Méndez Hernández, Rafael Gerardo Montalvo Mata, Marco Antonio Pasos Tec, Ana Cristina Polanco Bautista, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, Sayda Melina Rodríguez Gómez, Roger José Torres Peniche y Ángel David Valdez Jiménez.

La reforma aprobada al Código Penal derogó el artículo 392, que criminalizaba el aborto voluntario, y permite ahora la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Después de este plazo, el aborto sigue tipificado como delito, con penas de tres meses a un año de prisión o de 50 a 200 días de trabajo comunitario.

Con esta decisión, Yucatán se convierte en el estado número 23 de 32 en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, siguiendo una tendencia nacional iniciada por la Ciudad de México en 2007.