Dignidad y certeza para jueces de paz, propone Gaspar Quintal

Mérida, Yucatán, 11 de agosto de 2025.–El presidente estatal del PRI y diputado local, Gaspar Quintal Parra, presentó propuestas para la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de erradicar posibles actos de impunidad y dignificar la labor de los jueces de paz en las comunidades indígenas de Yucatán.

Durante el análisis de la reforma en la sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, el legislador entregó diversas observaciones y planteó adiciones para fortalecer los mecanismos internos del Poder Judicial.

Quintal Parra subrayó que es fundamental que el Poder Judicial asuma la responsabilidad de cubrir los salarios de los jueces de paz, con el fin de que estos puedan operar con eficiencia, cuenten con certeza en sus funciones y garanticen a la población el acceso a servicios de mediación.

En este sentido, propuso esclarecer el artículo 99 para asegurar que el pago a jueces y juezas de paz corra a cargo del Poder Judicial, evitando ambigüedades. Esta medida, dijo, contribuirá a dignificar su labor.

Asimismo, planteó que el Consejo de la Judicatura incluya en la autorización del Presupuesto de Egresos una partida específica para el pago de estas remuneraciones, y que en el artículo sexto transitorio se precise que dicha bolsa se contemple a partir del ejercicio fiscal 2026.

Otra propuesta del legislador priista consiste en reforzar las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de eliminar posibles espacios de impunidad que debiliten los mecanismos de control interno. Destacó que las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia tampoco deben estar exentos de responsabilidad por faltas administrativas.

En ese sentido, propuso que las resoluciones del Tribunal de Disciplina incluyan la posibilidad de aplicar amonestaciones, suspensiones, sanciones económicas, destituciones e inhabilitaciones a las y los servidores públicos que desempeñen funciones jurisdiccionales, con excepción de la destitución e inhabilitación de magistradas y magistrados.