El gobernador Joaquín Díaz Mena respondió con un llamado a la “corresponsabilidad” empresarial tras las críticas del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE), que acusó de “unilateral” el incremento del Impuesto Sobre Nómina del 3% al 3.75% para 2026. En un video publicado en redes sociales, el mandatario yucateco cuestionó la disposición del sector privado para contribuir al financiamiento de infraestructura que, según argumentó, beneficia directamente a sus negocios. Esta postura le echa más leña al fuego entre los empresarios y el Gobierno.“No se va a aplaudir las obras que nos facilitan atraer inversiones, reducir costos y crecer como empresas, pero al mismo tiempo no querer ser corresponsables para que esas obras existan”, enfatizó Díaz Mena en su mensaje. El gobernador colocó en el centro de su defensa el argumento de que la inversión pública en infraestructura genera las condiciones para la rentabilidad empresarial, por lo que el sector privado debe participar en su financiamiento a través de una mayor recaudación fiscal.El pronunciamiento del ejecutivo estatal representa un giro discursivo en su relación con el empresariado yucateco. Mientras que el CCE advirtió apenas esta semana que el incremento fiscal amenaza 440,000 empleos formales y representa una carga adicional de 409 millones de pesos anuales, Díaz Mena replanteó el debate: no se trata de un gravamen adicional, sino de una aportación necesaria para el “renacimiento maya” que promete su gobierno.La estrategia argumentativa del gobernador se apoya en el respaldo federal. Díaz Mena subrayó que “Yucatán está recibiendo un impulso histórico por parte de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum”, mencionando explícitamente proyectos como el tren maya de carga, la modernización del puerto de altura, el anillo vial metropolitano y el sistema de transporte Vaivén. La mención reiterada de Sheinbaum no es casual: posiciona al gobierno estatal como aliado del proyecto federal de la Cuarta Transformación y legitima su política fiscal como parte de una agenda nacional de infraestructura. El Gobernador tampoco afirmó que esas obras públicas de infraestructura que atribuye a la buena intención de la presidenta Sheinbaum también son producto de los impuestos captados de los propios ciudadanos (la 4T, le suele llamar pueblo)El discurso de corresponsabilidad, sin embargo, choca con la crítica central del empresariado: la falta de diálogo técnico previo a la presentación de la reforma fiscal. La presidenta del CCE, Claudia González Góngora, había señalado que el sector se enteró de la propuesta “apenas unas horas antes” de su presentación al Congreso, rompiendo con el proceso colaborativo que había caracterizado los ejercicios presupuestales recientes. El gobernador no abordó directamente esta acusación de unilateralidad, optando en cambio por un llamamiento retórico al “amor por Yucatán”.La metáfora agrícola que utilizó Díaz Mena resulta particularmente intesante de su lectura política del conflicto. “Cuando sembramos sabemos que si queremos una buena cosecha, hay que echarle agua a las plantas, hay que cuidarlas”, expresó, equiparando el pago de impuestos con el cuidado de un cultivo. Esta narrativa, sin embargo, simplifica la complejidad económica que advierte el sector empresarial: las empresas medianas y grandes, que generan el 66% del empleo formal estatal, enfrentan un impacto real del 40% sobre la recaudación del salario mínimo al considerar el aumento salarial proyectado del 12% para 2026.La pugna fiscal también evidencia un cambio en el equilibrio de poder entre gobierno y empresariado en Yucatán. A diferencia de administraciones anteriores, donde el sector privado mantenía espacios institucionales de negociación —como el Consejo Consultivo del Presupuesto—, el gobierno actual priorizó la aprobación legislativa rápida mediante la mayoría morenista en el Congreso local. El gobernador afirmó haber “escuchado a muchísimos empresarios”, pero la ausencia de mesas técnicas formales demuestra que el diálogo se limitó a consultas informales sin capacidad vinculante.El desenlace de esta controversia definirá el modelo de gobernanza económica en Yucatán para el resto del sexenio. Si el Congreso aprueba el incremento al ISN sin modificaciones, se consolidará un esquema donde las decisiones fiscales se toman desde el ejecutivo con respaldo legislativo automático, limitando la incidencia del empresariado a pronunciamientos públicos posteriores.La referencia del gobernador a que “nos toca a todos sumarnos por Yucatán” no ofrece espacios concretos de negociación, sino una invitación a aceptar decisiones ya tomadas.ACOM Navegación de entradasCecilia Patrón anuncia histórica recaudación y más de 104 km de calles repavimentadas Yucatán ampliará la cuota de pulpo a 32 mil toneladas
