La Agencia de Transporte de Yucatán atraviesa una crisis financiera sin precedentes que pone en riesgo la continuidad del sistema Va y Ven. El problema se agravó cuando el Congreso del Estado, siguiendo la propuesta del gobierno actual, decidió no asignar ni un peso para 2025 a dos fideicomisos fundamentales para el transporte público estatal.El gobernador Joaquín Díaz Mena reveló en noviembre pasado que su antecesor, Mauricio Vila Dosal, dejó un agujero financiero de 808 millones de pesos en las arcas del estado. Esta cifra incluye adeudos no pagados, reclasificaciones presupuestales pendientes y compromisos financieros sin fondos asignados para cubrirlos. La situación fue particularmente grave en el sector de seguridad pública, donde se acumularon deudas por 242 millones de pesos, evidenciando una gestión financiera irresponsable que ahora pesa sobre la nueva administración.Los dos fideicomisos que se quedaron sin dinero son el Fideicomiso 2272 del Sistema Integrado de Transporte, manejado por Banobras, y el Fondo Estatal para el Transporte, administrado por HSBC. Estos instrumentos financieros eran clave para dar estabilidad y transparencia al manejo de los recursos del transporte público. Sin embargo, mientras estos fondos especializados quedaron en ceros, el presupuesto general de la Agencia de Transporte se disparó de manera desproporcionada, pasando de 76 millones de pesos en 2024 a más de 2,400 millones en 2025, un aumento de más de 32 veces que plantea serias dudas sobre la planeación financiera.Jacinto Sosa Novelo, el actual director de la Agencia de Transporte, confirmó ante los diputados que el organismo está prácticamente quebrado, con un déficit anual de 1,860 millones de pesos. Según explicó, el sistema heredado solo cubre el 41 por ciento de sus costos reales de operación, lo que significa que por cada peso que ingresa, se gastan dos pesos y medio. Los principales responsables de este desastre financiero son los pagos excesivos a concesionarios por kilómetros que no recorren, tecnología comprada a sobreprecio que no funciona correctamente, y contratos leoninos como el del CETRAM Norte, donde se pagan 22 millones de pesos anuales por rentar un terreno durante 15 años.Sin embargo, algunos concesionarios del transporte manifestaron su preocupación ante lo que consideran una estrategia deliberada impulsada por intereses ajenos al servicio público, señalando que ciertos empresarios con vínculos cercanos al actual gobierno estarían ejerciendo presiones para desestabilizar y eventualmente quebrar el sistema de transporte, con el objetivo de abrir paso a nuevos esquemas de negocio bajo su control.La crisis llegó a su punto más crítico, cuando los concesionarios del Va y Ven entregaron un ultimátum al Congreso amenazando con suspender el servicio por falta de pagos.Al mismo tiempo, Sosa Novelo reveló hallazgos preocupantes durante la transición: encontraron 1.6 millones de pesos en efectivo escondidos en cajones y archivos, dinero que no estaba registrado en ningún lado y que posiblemente provenía de la venta irregular de tarjetas que debían entregarse gratis. Estos descubrimientos ya derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción y en la renuncia de varios funcionarios.El funcionario dijo que, si no se toman medidas urgentes para corregir este modelo financiero fallido, los yucatecos tendrán que pagar más de 11 mil millones de pesos en subsidios durante los próximos seis años para mantener activo un sistema que nació viciado desde su origen. Navegación de entradas650 personas adultas concluyen estudios de primaria y secundaria en Yucatán Cierre prolongado de iglesia y ermita afecta vida comunitaria en Tekax
