Una nueva denuncia sobre venta ilegal de terrenos federales en el sector oriente de Sisal, colindantes con las instalaciones de la UNAM, reveló la participación de prestanombres y la presunta complicidad del gobierno municipal a través del catastro.Entre los nuevos involucrados figuran Pamela Guadalupe Estrella Estrella y Marco Antonio Chi Esquivel, quienes fungirían como prestanombres en el esquema fraudulento que tiene como fecha límite este jueves 22 de agosto para que los compradores realicen el primer pago de 30 mil pesos.La investigación documentó que Carlos Gerardo “Lalo” Chocho ya concretó la venta de al menos tres lotes por un millón 200 mil pesos cada uno a Jaime Abreu Rosado, Martha Alicia Santos García y Geny Mercedes Negro Sierra. Estos terrenos, ubicados en zona federal marítimo-terrestre, fueron comercializados sin cumplir el proceso legal de desincorporación ante la Semarnat, requisito indispensable para cualquier transacción en esta área protegida.De acuerdo con pobladores, quienes omitieron su nombre, la participación de la presidenta municipal Cristina Pérez habría sido clave a través del catastro municipal, según las denuncias presentadas. El involucramiento del gobierno local en el registro catastral de propiedades federales constituye una irregularidad grave, ya que estas áreas del patrimonio nacional no pueden ser incorporadas al padrón municipal sin la previa autorización federal correspondiente.El incumplimiento del proceso de desincorporación ante la Semarnat coloca automáticamente estas transacciones en el ámbito de lo ilícito. Este nuevo capítulo se suma a un patrón de irregularidades que Chocho ha protagonizado en Sisal desde administraciones anteriores. En este año, el mismo personaje estuvo involucrado en la comercialización de terrenos en zona de duna costera, donde se documentó la instalación de aproximadamente 180 palapas ilegales a lo largo de la costa, de oriente a poniente.Los antecedentes del caso se remontan a las administraciones del ex comisario Miguel Antonio Ek, quien previamente había “donado” terrenos en la zona argumentando tener concesiones federales. Chocho, quien inicialmente se había quedado con solo dos terrenos de esa distribución, ahora afirma poseer títulos de propiedad sobre extensas áreas federales, documentos que no ha mostrado públicamente y que serían jurídicamente inválidos.La escalada en los precios de los terrenos tras el nombramiento de Sisal como Pueblo Mágico en 2020 —de 300 mil a más de un millón de pesos— despertó la ambición de diversos actores locales y foráneos. Esta especulación inmobiliaria ha derivado en la ocupación sistemática de más de 37 mil metros cuadrados de zonas federales, generando conflictos que en marzo de 2025 resultaron en enfrentamientos con autoridades federales y 20 detenciones.El modus operandi incluye la presentación de planos de lotificación que dividen sistemáticamente la zona de duna costera, la promoción de supuestas “concesiones” inexistentes y el uso de grupos de presión para intimidar a opositores. Detrás de estas operaciones, investigaciones previas han identificado la participación del grupo empresarial Químicos Maldonado, vinculado al laboratorio TamizMas, que habría financiado grupos de choque conocidos como “Los Nocturnos”.La comercialización de estos terrenos amenaza con la destrucción irreversible de miles de metros cuadrados de duna costera y manglar, ecosistemas cruciales para la protección de la línea de costa y la biodiversidad regional. La Semarnat y la Profepa ya han intervenido previamente en la zona, ordenando el retiro de construcciones irregulares, incluida una palapa que Chocho construyó junto al muelle sin permisos ambientales.ACOM Navegación de entradasFiscalía abre investigaciones por disturbios y fallecimiento en cárcel de Tzucacab Yucatán enfrenta creciente ola de justicia por mano propia
