Mérida, Yucatán, 18 de agosto de 2026.— Un grupo integrado por exfuncionarios, activistas y representantes de organizaciones civiles presentó en Mérida el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo Appel, desde el cual cuestionaron el proceso judicial contra el exgobernador de Baja California y exigieron que se garanticen la presunción de inocencia, el debido proceso y la independencia judicial.Los promotores de la organización sostienen que Ruffo es víctima de una utilización política de las instituciones de justicia y anunciaron que buscarán llevar el caso al ámbito nacional e internacional. Estos señalamientos corresponden a la postura del Comité y deberán ser determinados, en su caso, por las instancias judiciales.Patricio Patrón se suma a la defensaEntre quienes participaron en la presentación estuvieron el exgobernador de Yucatán Patricio Patrón Laviada, Ana Rosa Payán Cervera, Patricia McCarthy Caballero, Patricia Monforte Méndez, Felipe Sánchez Blanco, Alberto Arjona Ordaz y Tonatiuh Villanueva Caltempa.Patrón Laviada acudió en representación de un grupo de 12 exgobernadores emanados del PAN que, de acuerdo con los organizadores, se han incorporado al movimiento a nivel nacional.Durante su intervención, el exmandatario yucateco recordó el papel que desempeñó Ruffo en la apertura electoral del país, al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición en ganar una elección estatal en México.Patrón Laviada consideró que el actual proceso contra el político bajacaliforniano podría estar relacionado con viejas confrontaciones políticas.Lo consideran “preso político”Los integrantes del Comité fueron más allá de exigir garantías procesales y calificaron a Ruffo como un “preso político”, al considerar que existiría una aplicación selectiva de la justicia en su contra.Según la información presentada por la agrupación, Ruffo, de 74 años, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.Uno de los principales objetivos del movimiento será buscar que pueda continuar su proceso en prisión domiciliaria, bajo el argumento de su edad, condiciones de salud y de que, a juicio de sus defensores, no existe riesgo de fuga.Movimiento busca extenderse por el paísLa organización en Yucatán forma parte de una estrategia que comenzó el pasado 5 de agosto con la creación de un Comité Nacional encabezado por Verónica Ruffo, hija del exgobernador.De acuerdo con sus promotores, ya existen agrupaciones similares en Tijuana, Ensenada, Mexicali, Morelos y Ciudad de México, y la intención es extenderlas a otras entidades.El objetivo será dar seguimiento al proceso judicial, difundir información sobre el caso y coordinar acciones para exigir la liberación del exmandatario.En un mensaje enviado a la presentación realizada en Mérida, Verónica Ruffo sostuvo que durante las semanas posteriores a la detención de su padre se habrían presentado violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.También aseguró que Ruffo ha pedido a sus simpatizantes evitar confrontaciones y que su caso no sea utilizado para profundizar divisiones políticas.Anuncian estrategia nacional e internacionalEl Comité informó que pondrá en marcha una estrategia de difusión nacional e internacional para mantener el caso en la agenda pública y promover la revisión de las condiciones bajo las cuales Ruffo enfrenta el proceso.Los integrantes de la agrupación insistieron en que el uso político de las instituciones de procuración e impartición de justicia representaría un riesgo para la democracia, aunque las acusaciones sobre una supuesta persecución política forman parte de la postura de sus defensores y no constituyen por sí mismas una resolución judicial.Al movimiento en Yucatán se han incorporado decenas de personas provenientes de organizaciones civiles y distintos ámbitos de la vida pública del estado.La creación del Comité coloca así en Yucatán la discusión sobre el proceso contra Ernesto Ruffo Appel, figura relevante de la transición política mexicana por su triunfo electoral de 1989 en Baja California, mientras sus simpatizantes preparan una campaña para exigir que el caso sea revisado bajo criterios de debido proceso y sin interferencias de carácter político. Navegación de entradasInaugura Cecilia Patrón la primera Academia Municipal de inglés en una comisaría BCPMEX invertirá 700 millones de pesos en Yucatán para crear un Centro de Desarrollo Tecnológico
