Morena postulará a cinco hombres y cuatro mujeres como candidatos a las gubernaturas en 2024
Morena ha lanzado al filo de la medianoche del lunes las convocatorias con los requisitos que deberán cumplir los aspirantes para participar en el proceso interno, que será conducido por la dirigencia nacional del partido, a través de la Comisión Nacional de Elecciones. En cinco de los nueve Estados con elección de Ejecutivo se postulará a un hombre; en los otros cuatro, a una mujer, según lo dieron a conocer integrantes de la dirigencia. Aún no se decide en dónde específicamente se optará por uno u otra.
En cada Estado podrá realizarse una encuesta para medir a los perfiles y elegir al mejor posicionado, pero este método no será obligatorio en todos los casos, si la cúpula determina que alguno de los inscritos es el indicado y lo elige soberanamente por encima de los demás. No será necesario que los aspirantes inscritos renuncien a sus cargos públicos, si los tienen, para poder participar en los procesos de selección.
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de Ciudad de México, irán a las urnas en busca de un o una nueva gobernadora. En seis de esos Estados, Morena, el partido hegemónico, busca retener el control de la mano de quien será su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Intentará arrebatar los restantes al PAN —Guanajuato y Yucatán— y a Movimiento Ciudadano —que gobierna Jalisco—. El peso de la exmandataria capitalina en el proceso de selección de Morena en todas las gubernaturas ha quedado afianzado con la incorporación a la Comisión de Elecciones de dos operadores, Abraham Carro y Álvaro Bracamonte.
Los aspirantes podrán registrarse el 25 y 26 de septiembre. En cada proceso estatal podrá haber hasta seis contendientes, tres hombres y tres mujeres. Es decir, la Comisión de Elecciones valorará todas las solicitudes de registro y aprobará las más idóneas y las darán a concoer el 30 de octubre. Si aprueba más de un registro y hasta seis, “se someterán a una encuesta y/o estudio de opinión realizado por la Comisión de Encuestas, que podrá contar con dos encuestas espejo realizadas por empresas de reconocido prestigio, para determinar a la Coordinadora o Coordinador de Defensa de la Transformación. El resultado de dicho estudio de opinión tendrá́ carácter inapelable”, señalan las convocatorias.
Pero también es posible que la Comisión de Elecciones elija a un solo aspirante y descarte al resto, tras aplicar un sondeo “de reconocimiento” de los contendientes para medir sus potencialidades. En ese escenario, la persona seleccionada obtendrá automáticamente la candidatura. Así lo estipulan los documentos: “La Comisión Nacional de Elecciones […] en su caso, también podrá convocar previamente a una encuesta de reconocimiento. En caso de que apruebe un solo registro para la Coordinación de Defensa de la Transformación en [el Estado en cuestión], este se considerará como único y definitivo”. La “Coordinación de Defensa” es el nombre rebuscado que ha elegido Morena para no hablar de candidaturas fuera de los tiempos electorales y evitar así sanciones de los árbitros.
Los criterios de elegibilidad en función del origen o la residencia de los aspirantes varían en los Estados. En Ciudad de México hay mayor flexibilidad, pues se estableció que para ser aspirante no es obligatorio ser capitalino de nacimiento, sino solo acreditar una vecindad de al menos cinco años. “La ausencia de la ciudad hasta por seis meses no interrumpe la vecindad, así como la ausencia por cumplimiento de un encargo del servicio público”, se dictó. El caso de Chiapas es el más restrictivo, pues es obligación haber nacido en ese Estado y además acreditar una vecindad de ocho años; en el resto de Estados se solicita comprobar una vecindad de entre dos y cinco años.
La dirigencia ha establecido algunos requisitos a los aspirantes, como que deben aprobar un curso impartido por la escuela de cuadros de Morena. También les ha prohibido hacer “campañas dispendiosas”, utilizar recursos públicos a su favor, hacer mal uso de los programas sociales, coaccionar el voto, beneficiarse de la intervención de funcionarios, y hacer “acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes”.