UMÁN, Yucatán.— Habitantes de seis comunidades de Umán se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir el cierre de bancos de materiales cercanos a sus poblaciones y denunciar lo que consideran incumplimientos de acuerdos asumidos por las autoridades. Pero hay un elemento que elevó la inconformidad: mientras reclaman frenar esta actividad, un nuevo proyecto denominado “Banco de materiales Umán”, propuesto en terrenos de Hotzuc, se encuentra en procedimiento de consulta pública.Alrededor de 50 habitantes de Tebec, Petecbiltún, Hotzuc, Ticimul, Xcucul Sur y Yaxcopoil participaron en la protesta, que comenzó desde las 8 de la mañana.Los manifestantes solicitaron hablar con la alcaldesa Kenia Walldina Sauri Maradiaga, pero aseguran que no fueron atendidos. Permanecieron por más de dos horas frente al Palacio Municipal y en un momento cerraron temporalmente el paso vehicular.Durante la movilización también se registró un intercambio verbal con personas que les pidieron retirarse.Señalan contradicción con compromisos previosEn un pliego petitorio entregado este sábado, los habitantes recordaron que el 27 de septiembre, según su versión, la alcaldesa se comprometió a no autorizar determinadas licencias de uso de suelo para bancos de materiales durante el resto de su administración y a no otorgar licencias de funcionamiento a nuevos proyectos.Sin embargo, los pobladores señalan que el 15 de octubre fue publicada una consulta pública para un nuevo banco de materiales, cuya ubicación propuesta corresponde al tablaje catastral 100104, en Hotzuc.También mencionaron una solicitud presentada el 30 de septiembre para renovar por seis meses una licencia de explotación.Para las comunidades, ambos hechos requieren una explicación de las autoridades, pues consideran que contradicen los compromisos asumidos semanas atrás.De 30 a presuntamente 600 vehículosOtro de los puntos que preocupa a los habitantes es el tránsito de vehículos pesados.Jorge Cetz, comisario municipal de Tebec, señaló que la zona afectada en esa comunidad abarcaría alrededor de 500 hectáreas entre distintas empresas.Los habitantes aseguran que algunos bancos se encuentran a menos de un kilómetro de las poblaciones y denuncian daños en viviendas, deforestación y riesgos viales.Inicialmente se había señalado el paso de hasta 30 camiones pesados diariamente. Sin embargo, en el nuevo documento presentado por las comunidades se afirma que han llegado a contabilizar hasta 600 góndolas, planchas y volquetes en un solo día.Esta cifra corresponde a la denuncia de los pobladores y deberá ser contrastada con las autoridades y empresas involucradas.Los manifestantes sostienen que uno de los acuerdos era limitar el tránsito mientras se construía un camino alterno en un plazo de 15 días, algo que, aseguran, no se ha cumplido.Denuncian que regresaron las explosionesLas comunidades también aseguran que se reanudó el uso de explosivos en actividades relacionadas con la extracción de materiales, pese a los acuerdos que, afirman, buscaban evitar nuevas detonaciones.Los habitantes atribuyen a estas actividades polvo constante, grietas en viviendas, pérdida de vegetación, riesgos viales y posibles afectaciones al patrimonio arqueológico.También señalan estrés y miedo entre niñas y niños debido al ruido, las detonaciones y el constante movimiento de maquinaria pesada.Mujeres y menores participaron en la manifestación para exigir condiciones seguras y respeto al derecho de las comunidades a un ambiente sano.Cinco exigencias sobre la mesaEn su pliego petitorio, los habitantes plantearon cinco demandas centrales: Detener la autorización de nuevos bancos de materiales.Reconocer la emergencia socioambiental que denuncian.Clausurar los bancos que, aseguran, vulneran los derechos de las comunidades.Reparar los daños que atribuyen a esta actividad en viviendas, salud y medio ambiente.Respetar la autonomía y libre determinación de los pueblos mayas.Los manifestantes aseguran además que los proyectos no han sido sometidos a procesos de consulta previa, libre e informada con las comunidades.Aclaran que su movimiento no está en contra de la generación de empleos, sino de que la actividad extractiva se realice, según denuncian, sin suficientes medidas para proteger a las poblaciones.¿Qué responde el Ayuntamiento?Ese es ahora uno de los puntos centrales del conflicto.Los habitantes quieren saber por qué, después de los compromisos que aseguran fueron asumidos el 27 de septiembre, un nuevo banco de materiales continúa dentro de un procedimiento de consulta pública y por qué, según su denuncia, no se han hecho cumplir los acuerdos relacionados con tránsito pesado, vigilancia y explosiones.Hasta el cierre de esta información, queda pendiente conocer la postura del Ayuntamiento de Umán sobre los señalamientos, así como precisar qué facultades corresponden al municipio y cuáles a otras autoridades en la autorización del nuevo proyecto.Mientras tanto, las seis comunidades mantienen su exigencia: no más bancos de materiales cerca de sus poblaciones y una respuesta concreta sobre los daños que denuncian. 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