El colectivo ¡Ya Basta! advirtió que con la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública (INAIP), podría incrementarse la opacidad con el nuevo organismo denominado “Transparencia para el Pueblo de Yucatán”, que estará adscrito a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, dependiente directamente de la estructura del gobierno estatal.En conferencia de prensa, la profesora Blanca Estrada Mora, presidenta del colectivo, y el vocero Nicolás Andrés Dájer narraron su experiencia al realizar solicitudes de información tanto al Ayuntamiento de Mérida como al Gobierno del Estado, cuyos resultados fueron parciales o declarados como inexistentes. El colectivo realizó un ejercicio para evaluar el cumplimiento de la transparencia en ambas administraciones, enfocándose en los procesos de entrega-recepción y otros documentos públicos establecidos por ley.Al Gobierno del Estado solicitaron información sobre entrega-recepción a 13 dependencias, incluyendo actas de entrega, informes presupuestarios, cuentas por cobrar, deuda pública, concesiones otorgadas, programas de subsidios, libros blancos, compromisos pendientes, auditorías y plantillas de personal. Todas las dependencias respondieron que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y digitales, no se encontró información alguna”, declarando la inexistencia de la información. La Contraloría del Estado únicamente entregó actas de entrega-recepción básicas y algunos listados, pero no los documentos sustantivos solicitados.Adicionalmente, el colectivo solicitó información sobre los gastos de la toma de protesta del gobernador Joaquín Díaz Mena, realizada el 30 de septiembre de 2024 en Plaza Grande, incluyendo comprobatorios de gastos del evento y documentos sobre el pago al grupo musical “La Mano del Recodo”. Las dependencias consultadas —Congreso del Estado, Secretaría de la Contraloría General, Despacho del Gobernador e incluso la Secretaría de Seguridad Pública— respondieron sistemáticamente que “no hay competencia” o “no hay información”, evidenciando la falta de claridad en las responsabilidades institucionales para rendir cuentas sobre estos gastos públicos.El colectivo también exhibió una presunta disparidad en los costos de bacheo. Según la información oficial obtenida, el Gobierno del Estado reportó haber bacheado 8,200 metros cuadrados a un costo de 444.74 pesos por metro cuadrado, mientras que el Ayuntamiento de Mérida informó haber intervenido 374,939 metros cuadrados a 217.76 pesos por metro cuadrado. La diferencia de más de 226 pesos por metro cuadrado representa prácticamente el doble de costo en el programa estatal. Por ahora, ¡Ya Basta! no presentará denuncia contra el Ejecutivo por esta presunta irregularidad, limitándose a exhibir públicamente la situación como parte de su labor de vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.En el caso del Ayuntamiento de Mérida, la situación fue similar. Al solicitar la misma información sobre el proceso de entrega-recepción entre las administraciones 2021-2024 y 2024-2027, la Unidad de Transparencia municipal respondió que “no se encontró información” y el Comité de Transparencia confirmó por unanimidad “la declaración de inexistencia de la información solicitada”. Según el colectivo, resulta “inaudito” que el ayuntamiento, como sujeto obligado por la ley, declare inexistente información sobre un proceso que por ley debe ser público y transparente. De acuerdo con las conclusiones del colectivo, ambas entidades públicas mostraron actitudes similares que podrían ser una tendencia, al que consideraron como “red” o “tapadera” de sus antecesores.ACOM Navegación de entradasAtiende Cecilia Patrón más de 200 demandas ciudadanas en el programa “Miércoles Ciudadano” Exalcalde de Izamal, Warnel May, enfrentará su proceso judicial desde la cárcel
