Clausuran el proyecto “Ciudad Maderas” en Progreso

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el proyecto inmobiliario “Ciudad Maderas”, ubicado entre las comisarías de Chuburná y Chelem, en el municipio de Progreso, tras confirmarse afectaciones a una extensa zona de selva baja caducifolia.

Sergio Oceransky, representante de la Fundación Yansa, alertó sobre el impacto que tendría el desarrollo en los ecosistemas costeros y en las comunidades de la región.

“Estamos hablando de una superficie muy grande, entre 100 y 200 hectáreas de selva baja caducifolia colindante con los ecosistemas costeros de dunas, sabanas y manglares”, explicó.

De acuerdo con el ambientalista, el daño ambiental en la zona podría tener efectos severos sobre la salud de los ecosistemas y las comunidades cercanas.

“Eso iba a tener consecuencias muy graves para la salud de todos esos sistemas y para las comunidades costeras”, advirtió.

Señaló que la urbanización masiva de esa franja compromete la capacidad natural del territorio para mitigar los efectos del cambio climático y el incremento del nivel del mar.

Oceransky explicó que la denuncia ante Profepa se interpuso en 2023, pero al no obtener resultados decidió acudir a la Fiscalía General de la República.

“Al día siguiente de interponer la denuncia ante la FGR, me llega una notificación de Profepa diciendo que habían cerrado mi denuncia poco antes. Determinaron que no había irregularidades, aunque en sus propios informes se observan evidencias claras de afectación ambiental”, señaló.

Debido a esto, interpuso una demanda de amparo, y el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán emitió una suspensión definitiva que impide a la empresa continuar con las obras mientras se desarrolla el juicio.

“El proyecto no puede seguir construyendo ni avanzar con ninguna actividad. La expectativa es que se pruebe la inconstitucionalidad del proyecto y se ordene restaurar la vegetación nativa afectada”, indicó.

Añadió que el desarrollo lo autorizó irregularmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin contar con el permiso de cambio de uso de suelo forestal requerido.

“La empresa aseguró en su manifestación de impacto ambiental que la selva no se podía considerar cobertura forestal, y Semarnat lo aceptó. Profepa luego validó esa violación diciendo que todo estaba bien”, acusó.

Finalmente, Oceransky advirtió que el caso refleja un patrón de impunidad y falta de aplicación de las leyes ambientales en México.

ACOM