El Centro de Atención a Turistas y Visitantes (CATVI) de Chichén Itzá concentra tres focos de conflicto: fue construido con una inversión de 794.2 millones de pesos mediante adjudicación directa, sin licitación pública; permaneció sin inauguración oficial y todavía no opera plenamente, debido a que alrededor del 60% de los espacios destinados a artesanos permanecen vacíos porque la mayoría de los vendedores del padrón se niega a trasladarse al nuevo complejo.La obra, ejecutada por FONATUR Tren Maya en el marco de un programa federal al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya le detectó irregularidades por 2,592 millones de pesos, es hoy el epicentro de un conflicto que mantiene cerrada 9 días la zona arqueológica más visitada del país. Sólo operó con aparente normalidad 53 días.Una inversión millonaria con adjudicación directa y sin desglose públicoDe acuerdo con registros de FONATUR Tren Maya, el CATVI representó una inversión de 794.2 millones de pesos —equivalente a unos 41 millones de dólares. La obra fue contratada mediante adjudicación directa, no por licitación pública, en una dependencia donde ese mecanismo representa menos del 0.3% de sus contratos, según datos de transparencia.El diseño arquitectónico quedó a cargo de Quesnel Arquitectos, y la supervisión corresponde al INAH y la Secretaría de Cultura. Hasta la fecha, el gobierno federal no ha publicado el desglose del gasto de esos 794.2 millones de pesos, lo que hace imposible verificar el destino de los recursos. Lo tiene bajo reserva, así como la información completa del Tren Maya.El CATVI forma parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (PROMEZA), el mismo paraguas institucional al que pertenecen obras del Tren Maya. Según la Auditoría Superior de la Federación, en su revisión de la Cuenta Pública 2023, ese proyecto federal acumula irregularidades por 2,592 millones de pesos. No existe auditoría pública específica al CATVI disponibles hasta el momento.16 hectáreas, 517 cajones y un mercado artesanal que nadie quiso estrenarEl CATVI ocupa 16 hectáreas ubicadas en el kilómetro 180 de la Carretera Federal Costera del Golfo, a aproximadamente 900 metros al norte del Castillo y a unos dos kilómetros del Cenote Sagrado. Para su construcción, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se aprobó el cambio de uso de suelo forestal en 13.5 de esas 16 hectáreas.El estacionamiento ocupa 1.72 hectáreas con capacidad para 517 cajones. De acuerdo con acuerdos tarifarios de Cultur vigentes desde mayo de 2026, el cobro es de 124.34 pesos para autos y motocicletas, 150.15 pesos para vans tipo Sprinter y 199.42 pesos para buses y minibuses. Esto entra en conflicto con ejidatarios que tienen operando varios estacionamientos en sitios cercanos a la zona arqueológica.El complejo incluye un mercado artesanal diseñado para albergar a los 662 artesanos del padrón oficial 2025 —uno por persona— además de 5 módulos para guías de turistas. Sin embargo, según comunicados del Gobierno de Yucatán de mayo de 2026, solo 262 locales están ocupados. Los 400 restantes permanecen vacíos porque sus potenciales ocupantes se niegan a trasladarse.39.6% de ocupación y pérdidas de 800,000 pesos al díaCon 262 artesanos instalados de 662 en el padrón del 2025, la ocupación del mercado artesanal alcanza apenas el 39.6%. Cada espacio en el CATVI representa, en proporción, 1.2 millones de pesos de la inversión total —cifra que ilustra la magnitud del despilfarro potencial si el conflicto no se resuelve.De acuerdo con el Patronato Cultur, operador del sitio designado por el Gobierno de Yucatán, el cierre de la zona arqueológica que se registró en mayo de 2026 genera pérdidas de 800,000 pesos diarios. Chichén Itzá recibe entre 7,000 y 9,000 visitantes al día en promedio y cerró 2025 con dos millones de visitantes acumulados entre enero y noviembre. Los ingresos anuales del sitio se reparten entre el INAH, que recibe 99.57 millones de pesos, y el Gobierno del Estado, que obtiene alrededor de 100 millones de pesos.Más de 3,000 firmas y una denuncia penalUna asamblea comunitaria reunió más de 3,000 firmas contra el traslado forzoso. Los artesanos y guías de turistas del poblado de Pisté, quienes trabajaban en los accesos a la zona arqueológica, argumentan que el CATVI está demasiado lejos de los flujos reales de visitantes —entre dos y 4.8 kilómetros de la zona arqueológica y de la estación del Tren Maya, respectivamente— y que el cambio implicaría pérdidas económicas para ellos.El INAH respondió interponiendo una denuncia penal contra quienes obstruyen la reapertura del sitio. El complejo entró en funciones el 27 de marzo de 2026, según el comunicado 26-509 del Gobierno de Yucatán, sin inauguración formal ni presencia masiva de artesanos.ACOM Navegación de entradasCarretera de la muerte: 11 fallecidos en cuatro años exhiben el abandono de la vía Kinchil-Celestún Mérida Enchula se construye desde cada calle y cada comisaría: Cecilia Patrón
