La Auditoría Superior de la Federación presentó la primera entrega de los informes de la Cuenta Pública 2025 y dio a conocer que ha interpuesto 21 denuncias penales por un presunto daño al erario superior a 600 millones de pesos, detectado en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior Aureliano Hernández Palacios, quien lleva poco más de cien días al frente del organismo, explicó que estas denuncias forman parte de una nueva estrategia que permite actuar de manera inmediata, sin esperar a que concluya todo el proceso de auditoría.Además, informó que la ASF abrió 31 expedientes de investigación contra diversos entes públicos y presentó 30 expedientes por responsabilidades administrativas graves, relacionados con presuntas colusiones en procesos de contratación pública.En materia de fiscalización de recursos federales, Hernández Palacios destacó un hecho que calificó como inédito: gracias a la intervención de la Auditoría, se recuperaron recursos que no habían sido transferidos a municipios y alcaldías. De más de 300 mil millones de pesos distribuidos, únicamente quedó pendiente de aclarar 1.4 millones de pesos correspondientes a una entidad federativa.El auditor también anunció que, a partir del primero de julio, la institución dará un paso para fortalecer la profesionalización del servicio público, al convertirse en una Entidad de Certificación y Evaluación con reconocimiento oficial.Por su parte, diputados de oposición otorgaron un voto de confianza al nuevo titular de la ASF, aunque advirtieron que estarán atentos a que las auditorías se realicen con total imparcialidad y sin sesgos políticos.Legisladores del PRI señalaron que la Auditoría debe revisar por igual a gobiernos de todos los partidos y evitar que la fiscalización se utilice como un instrumento de presión política. En el mismo sentido, diputados de Movimiento Ciudadano insistieron en que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción deben mantenerse al margen de cualquier interés partidista. Navegación de entradasCRT amplía 184 días el plazo para vincular líneas celulares con la CURP
