IZAMAL, Yucatán.— La alcaldesa de Izamal, Melissa Puga Rodríguez, respondió públicamente a la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el conflicto sobre un terreno ubicado en la comisaría de Kimbilá, donde el Ayuntamiento construyó una cancha de fútbol.El caso enfrenta, hasta ahora, dos versiones sobre la propiedad y situación jurídica del predio.Por una parte, el abogado Jacinto Cen Balam informó que presentó una denuncia ante la FGR por los probables delitos de despojo de inmueble en perjuicio de la Federación y falsificación de documentos. Los denunciantes sostienen que el terreno pertenece a la capilla Santa Clara de Asís y señalan la existencia de documentación que data de 1936.Según esa versión, el predio tendría aproximadamente 12 mil metros cuadrados y parte del conflicto surgió después de que el Ayuntamiento construyera ahí una cancha de fútbol 7. Representantes de la comunidad religiosa aseguran que habían manifestado previamente su inconformidad con utilizar ese espacio para la obra.“Tenemos un título de propiedad”: Melissa PugaEste domingo, Melissa Puga salió al paso de los señalamientos y rechazó que la actuación del Ayuntamiento haya sido producto de una decisión arbitraria.La presidenta municipal aseguró que el Ayuntamiento cuenta con un título de propiedad que, según su postura, acredita jurídicamente la propiedad municipal del terreno. También señaló que pondrán la documentación a disposición de las autoridades encargadas de investigar la denuncia.Puga sostuvo además que el conflicto no es nuevo y que llevaba varios años sin resolverse en Kimbilá. De acuerdo con su versión, desde el inicio de su administración pidió tiempo a las partes involucradas —la comunidad y representantes de la Iglesia— para revisar la situación jurídica.La alcaldesa afirmó que después de casi un año de revisión se tomó una determinación y que ésta fue comunicada durante una asamblea realizada en Kimbilá, en la que, según dijo, participaron representantes de la Arquidiócesis.Documentos contra documentosUno de los puntos centrales que deberá esclarecerse es precisamente quién puede acreditar legalmente la propiedad del terreno y qué superficie comprende.El abogado de los denunciantes ha cuestionado documentación relacionada con una asamblea agraria de 1999 y señala diferencias entre una superficie de 4 mil 287 metros cuadrados mencionada en esos antecedentes y los aproximadamente 12 mil metros cuadrados que reclama la parte denunciante.Puga, por su parte, asegura que el municipio posee un título de propiedad y sostiene que la actuación de su administración está respaldada documentalmente.Por ahora, la presentación de una denuncia no determina responsabilidad penal ni resuelve quién es propietario del predio. Corresponderá a las autoridades competentes revisar los títulos, antecedentes registrales y demás documentos aportados por las partes.La cancha ya está construidaEn medio de la controversia existe un hecho concreto: una parte del terreno fue utilizada por el Ayuntamiento para una instalación deportiva.La alcaldesa justificó la decisión señalando que el espacio fue destinado a los jóvenes de Kimbilá mediante la construcción de una cancha y defendió que su obligación es proteger el patrimonio municipal y convertirlo en obras para la comunidad.Sin embargo, el destino social de la obra constituye un asunto distinto de la controversia jurídica: la pregunta de fondo sigue siendo a quién pertenece legalmente el terreno donde fue construida.La investigación ante la FGR deberá aportar elementos para esclarecer esa disputa. Navegación de entradasCecilia Patrón celebra 20 años de la Bici-Ruta: un espacio de convivencia, para todos
