La fórmula es contundente: por cada 20 pesos invertidos en saneamiento del agua, se ahorran 700 pesos en tratamiento de enfermedades crónicas. Esta ecuación económica fue presentada por la Dra. Flor Árcega-Cabrera, investigadora de la Unidad de Química Sisal de la Facultad de Química de la UNAM, durante el seminario en línea “Camino hacia la sustentabilidad del acuífero de Yucatán”, donde expuso los avances del proyecto TSUCAN, una estrategia integral para transformar la gestión del recurso hídrico más crítico de la península.

La especialista en hidrogeoquímica ambiental documentó que 72% de las muestras de agua de consumo en Mérida, Progreso y Ticul rebasan el límite permisible de cadmio establecido por la NOM-127, mientras que 65% del agua consumida por niños en Mérida excede el límite de mercurio de la Organización Mundial de la Salud. Estos metales provienen de fertilizantes fosfatados, descargas de granjas porcícolas y fosas sépticas mal construidas que depositan aguas residuales sin tratar directamente en el acuífero kárstico, donde Yucatán ocupa el último lugar nacional en saneamiento.

El diagnóstico revela una contaminación que Árcega-Cabrera califica como “biosocial y discriminatoria”: los niños de menor nivel socioeconómico están expuestos a plomo, mercurio y níquel debido a sus condiciones de vida, mientras que los de familias con mayores recursos presentan arsénico y cadmio asociados al consumo de pollo contaminado con promotores de crecimiento prohibidos en otros países. En estudios realizados entre 2016 y 2018, la mayoría de los 33 niños analizados presentaron niveles de cadmio en sangre que superaron los estándares internacionales de seguridad.

La vulnerabilidad del acuífero yucateco radica en su naturaleza cárstica: la alta porosidad y permeabilidad del suelo calcáreo carece de barreras naturales para filtrar contaminantes, lo que genera una conectividad directa entre la superficie y el agua subterránea. Una vez contaminado, el acuífero es “técnica y económicamente inviable” de sanear, advierte la investigadora. El 30% del agua subterránea nacional se concentra en la Península de Yucatán, donde no existen ríos superficiales y toda la población depende de este recurso.

Para enfrentar esta crisis, Árcega-Cabrera desarrolla la plataforma Hidrograma, un sistema que integra bases de datos de investigaciones locales e internacionales para generar modelos predictivos de gestión del acuífero. La herramienta permite simular el impacto de decisiones políticas y económicas —como la instalación de una industria— sobre el consumo de agua, su disponibilidad y las poblaciones vulnerables. El objetivo es pasar de un monitoreo tradicional, puntual y reactivo, a un enfoque preventivo que evite la contaminación antes de que ocurra.

El proyecto TSUCAN —cuyo nombre evoca a la serpiente guardiana de las aguas en la cosmogonía maya— busca financiamiento mediante una estrategia híbrida de crowdfunding bajo el lema “Tu cenote, tu privilegio, tu legado”. La iniciativa contempla monitoreo continuo con sensores de telemetría en tiempo real instalados en 10 cenotes, colaboraciones internacionales con España y Costa Rica, y la construcción de redes entre instituciones, sociedad civil y gobierno para establecer un sistema global de vigilancia de contaminantes.

“Cada gota de agua subterránea es un legado que debe entregarse intacto a las futuras generaciones”, concluyó Árcega-Cabrera, quien subraya que las decisiones políticas en Yucatán se toman actualmente con apenas el 33% de los datos disponibles sobre el agua. La investigadora coordina actualmente con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado la elaboración de la Ley de Uso Ecoturístico de Cenotes, mientras su equipo del Grupo de Hidrogeoquímica Ambiental y Contaminación (UQS) de la UNAM continúa documentando los efectos en salud: neurotoxicidad, daño renal, infertilidad y cáncer vinculados a la exposición crónica a metales pesados.

ACOM

Por Manuel Cauich Verde

Director del Informativo Al Interior en Vida nueva radio 101.9 de FM en Vida Nueva Radio