Ataviadas con ropa al estilo de los años 70 y con música de la época, activistas y académicas que integran Frente por los Derechos de las Mujeres se manifestaron en Mérida para denunciar retrocesos en la política pública contra la violencia de género.“Ha habido cantidad de reportes locales y estatales relacionados con la reducción de las partidas destinadas a la Secretaría de las Mujeres”, afirmó Nancy Walker Olvera, al señalar que estos recortes impactan la operación de programas y servicios especializados para la atención de víctimas.Las manifestantes llegaron bailando al Palacio de Gobierno con pancartas en las que demandaron frenar la disminución de recursos.En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, señalaron que la falta de servicios especializados es una constante en la atención psicológica, refugios, salud y acompañamiento legal.“En tanto la interrupción voluntaria del embarazo siga siendo criminalizada, el impacto en la salud de las mujeres seguirá teniendo costos directos”, advirtió Ligia Vera Gamboa, al referirse a las dificultades que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres para acceder a atención conforme a la normativa federal y a la inexistencia de una aplicación clara de la Ruta de Atención y Protección Integral para Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas.Las activistas denunciaron también retrocesos en el funcionamiento de los servicios públicos a partir del cambio a los llamados Centros Libres, donde los casos ya no reciben seguimiento integral y únicamente son canalizados.“Sabemos que esto representa un grave retroceso y un riesgo en la implementación de las políticas públicas con perspectiva de género”, expresó Milagros Herrero Buchanan, al indicar que muchos expedientes en curso quedaron sin continuidad, en detrimento de las víctimas.Otro de los señalamientos se relaciona con la falta de personal especializado en las instituciones encargadas de atender a mujeres, niñas y adolescentes, pese a que la ley obliga a que estos equipos cuenten con formación en género y violencia.“La Secretaría de las Mujeres no está canalizando a otros centros de atención ni a refugios, y los recursos de los refugios están debilitados”, afirmó Gina Villagómez Valdez, al señalar deficiencias en el funcionamiento de los órganos colegiados responsables de supervisar políticas públicas.Las organizaciones advirtieron que estas deficiencias se reflejan en una menor cobertura, menos prevención y más obstáculos para el acceso a derechos sexuales y reproductivos.Por ello, insistieron en que es necesario fortalecer la política pública con recursos suficientes, transparencia, continuidad institucional y una aplicación efectiva de las obligaciones del Estado, a fin de garantizar protección real y completa a las mujeres en Yucatán.ACOM Navegación de entradasCada trabajadora meridana debe laborar en un clima libre de violencias y acceso pleno a derechos Senador yucateco propone a empresarios crear un observatorio de seguimiento a leyes fiscales
