Hasta 60 años de cárcel a quien cometa feminicidio, así como penas más severas para delitos sexuales

 

Mérida, Yucatán, 10 de julio de 2019

En sesión ordinaria, este miércoles, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad aumentar hasta 60 años de cárcel a quien cometa feminicidio, así como penas más severas para delitos sexuales y contra la vida e integridad corporal, al igual que por los derechos al deporte y a la movilidad de las personas con discapacidad.

En la plenaria, la LXII Legislatura aprobó los dictámenes para reformar el Código Penal estatal, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres y la que extingue al Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; al igual que las modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado.

En materia de las mujeres, Luis Borjas Romero (PRI) detalló que se contempla aumentar las penas de los delitos sexuales como hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual y estupro, los delitos contra la vida e integridad corporal como son la esterilidad provocada; así como el feminicidio, cuya pena será hasta un máximo de 60 años para castigar severamente a quien incurra en tal conducta.

De la misma manera, el obstaculizar o condicionar el acceso a un empleo por medio de requisitos vinculados con su sexo, edad, físico, estado civil o condición de madre queda tipificado como delito de violencia laboral; al igual que diversas conductas atribuidas al personal de las instituciones de salud públicas o privadas durante el embarazo, el parto, el puerperio o en alguna emergencia obstétrica de las niñas, adolescentes o mujeres se tipifica como violencia obstétrica.

En su turno, Kathia Bolio Pinelo (PAN) recordó que 6 de cada 10 mujeres en México y una de cada tres en el mundo, han experimentado un acto de violencia y es por ello que no se debe permitir ni justificar una acción contra una mujer, por lo que es importante fortalecer y actualizar el marco jurídico “para garantizar justicia a las víctimas y mayores sanciones para quien cometa este tipo de delitos”.

Con respecto a los derechos a discapacitados y como promovente de la iniciativa, Bolio Pinelo señaló que actualmente existen 10 millones de personas con discapacidad en el país que sufren y luchan a diario contra la adversidad y la discriminación, por lo que era necesario tener un producto legislativo “con políticas públicas con visión inclusiva y no asistencialista”.

Agregó, que se establece estímulos en mismas cantidades que cualquier deportista a las personas con discapacidad y se garantiza las funciones al nuevo Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado.

 

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